Editorial

Subsidio justo a energía eléctrica y al agua se merece la ciudadanía

La pandemia obliga al Gobierno a implementar medidas que reduzcan la presión económica de las familias en los servicios esenciales, tales como la energía eléctrica y el agua. El país tiene recursos suficientes, el desafío es distribuirlos mejor, superando la historia de privilegios que ha impedido el desarrollo y nos ha ubicado en una situación altamente vulnerable frente al coronavirus. Es urgente el subsidio a la energía eléctrica y al agua como medida para sobrellevar la crítica situación en la que está la gran mayoría de la población. Si la ley aprobada tiene problemas, el Gobierno debe presentar a la ciudadanía otra solución alternativa.

La cuarentena obligó a muchas personas a dejar su fuente de ingresos y los hogares debieron responder y equilibrar sus presupuestos, rol que recayó en las mujeres, aumentando su ya sobrecargada jornada y su vulnerabilidad económica.

En las comunidades de muy bajos ingresos –alrededor del 65% de la población– se debieron implementar comedores colectivos para tratar de generar una solución a una necesidad básica como es la de la alimentación, quedando otras necesidades altamente insatisfechas.

A más de tres meses de una cuarentena necesaria para salvar vidas, la situación para muchas familias es desesperante, ya que a la pérdida de ingresos se suman las deudas pendientes en servicios esenciales como son la electricidad y el agua.

Si bien en estos dos casos se postergaron los vencimientos inicialmente, en una segunda instancia se hizo necesario exonerar el pago, como una forma de mantener condiciones básicas, no se puede hablar ni siquiera de dignas, en los hogares.

La aprobación de la ley generó reacciones contrarias por parte del Gobierno y de los principales gremios empresariales bajo el supuesto de los altos costos y el subsidio a sectores que no necesitan.

Si esto es cierto, el Gobierno debe plantear una solución que beneficie a la mayoría. Al final de cuentas, más del 60% de la población está en situación de pobreza o en alto riesgo de caer en la misma durante la pandemia. La existencia de una clase media es casi un mito.

Según diversos estudios, el estrato medio representa entre el 25% y 30% de la población; sin embargo, en su mayoría tampoco cuenta con protección social, sus ingresos son “medios”, tal como señala su definición, pero al tener que pagar por servicios que deberían ser gratuitos y de calidad como educación o salud, no tienen suficientes ahorros. Para empeorar la situación, una parte importante trabaja en micro, pequeñas y medianas empresas, actualmente en situación crítica.

Frente a este contexto, el Gobierno debe transparentar los costos de la medida aprobada en el Parlamento y justificar debidamente la inexistencia de recursos. En la agenda económica hay medidas altamente costosas y que beneficiarán a pocos. Las políticas deben dejar de privilegiar sectores y en esta pandemia asumir su compromiso con la mayoría.

Cada vez que el país discute un subsidio que beneficiará a los sectores que se encuentran en la base de la pirámide económica, surgen cuestionamientos sobre su costo. Sin embargo, el Estado está lleno de subsidios todavía más costosos que no se cuestionan a pesar de no contar con información suficiente que justifique su existencia. La pandemia da la oportunidad de que se revisen todos los subsidios, se eliminen los que no tienen impacto y se destinen esos recursos a los que benefician a la población.

Si la propuesta parlamentaria tiene problemas, es urgente que el Ministerio de Hacienda plantee una solución alternativa. Es injustificable que en este momento crítico y en un país al que le sobran agua y energía eléctrica no se pueda alivianar la situación con un subsidio importante, no marginal.

Dejá tu comentario