Cada día que pasa se suma algún incidente que va minando la credibilidad de una institución que en 15 años consiguió construir una imagen respetada y creíble. Y eso en este país es difícil conseguir. Más aún considerando nuestro pasado de elecciones amañadas y nada transparentes.
La disputa actual en el TSJE implica una crisis latente, que en vísperas de unas elecciones nacionales que se perfilan serán reñidas –y en un año que ya evidencia será eminentemente político– puede acarrear serios problemas institucionales.
Hasta ahora la pelea entre los experimentados jueces de la Justicia Electoral parece un berrinche de niños. Al parecer no se dan cuenta de la gravedad del caso y de la quiebra del equilibrio. Si no son capaces de administrar sus diferencias con la seriedad que les impone el cargo y las expectativas del país, deberían alejarse. La dirigencia política no puede permanecer indiferente a esta situación.
Las diferencias surgieron por la destitución de un funcionario que ocupaba un cargo de confianza, pero que tuvieron un trasfondo de injerencia política.
La solución esgrimida por sectores de la oposición –juicio político a dos de sus tres miembros– no vislumbra una salida al conflicto. Deben arbitrarse otros mecanismos para destrabar una situación que empieza a afectar la imagen y el funcionamiento de la institución.
Se debe apelar a la madurez y la cordura, atributos que hoy brillan por su ausencia. La Justicia Electoral amerita dejar de lado las profundas diferencias existentes entre la oposición y el oficialismo y sentarse a negociar con criterio amplio. Sería lo más inteligente. Aún se está a tiempo de hallar la solución.
En un país caracterizado por el descrédito de sus instituciones, la Justicia Electoral ha sido un oasis que despertó la admiración y el respeto de organizaciones internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA). La clase política no puede permitirse el lujo de tirar por la borda los pocos logros obtenidos en este tiempo de libertades.