La regulación es una función estatal indelegable debido a que el mercado es imperfecto, lo cual exige al Estado proteger a los consumidores. La segunda función es la prestación del servicio, que en general es ofrecido por agentes privados, pero con una importante participación pública en el financiamiento, subsidiando a la oferta o a la demanda, dependiendo de la modalidad elegida por el país.
La activa participación estatal en los dos ámbitos se justifica por la existencia de múltiples fallas de mercado, así como importantes efectos positivos y negativos en la calidad de vida y en el desempeño económico.
Por un lado, en la prestación del servicio hay un gran número de usuarios que no cuentan con capacidad ni información suficiente para organizarse y exigir al mercado mejores servicios, tampoco pueden elegir entre diversas opciones de medios de transporte o empresas prestadoras si los servicios son malos o el precio alto. No pueden elegir no consumir ese servicio si está fuera de su condición económica. Por otro lado, el sector que presta el servicio sí puede ponerse de acuerdo para fijar precios y condiciones del servicio porque son pocos oferentes y bien identificados.
Paraguay necesita una institucionalidad fuerte para este ámbito ya que la historia reciente nos muestra que el sector no ha cumplido con los compromisos asumidos en virtud de los acuerdos establecidos, desde el pago de sus préstamos dejando al Banco Nacional de Fomento en una situación deplorable muchos años, hasta actualmente con las condiciones de calidad y horarios que debieran tener gracias al subsidio con el que son beneficiados.
Las quejas ciudadanas son constantes en este sentido y no hay evaluaciones oficiales que desmientan esta percepción.
El problema no se acaba con el mal servicio y el impacto negativo en los bolsillos de quienes no tienen otra opción.
Un transporte público que no funciona incentiva el aumento del parque automotor, con las consecuencias negativas que vemos cotidianamente, como las largas horas en el tráfico, la contaminación, la necesidad de invertir fondos públicos en viaductos en lugar de viviendas, cloacas o mejorar los servicios de salud y educación.
Un Estado que no cuenta con una política eficiente y eficaz en este ámbito deteriora la economía del sector público por muchas vías, mientras que las personas sufren diariamente los efectos del problema.
La actual gestión parece que continuará con la misma política que ha demostrado pocos resultados positivos frente a sus altos costos económicos, ya que no ha dado a conocer alternativas de solución para el mediano y largo plazos, salvando mediocremente la situación en el corto plazo.
