Blanco, junto a Óscar Bajac y César Garay Zuccolillo, tiene pendiente un juicio político iniciado en la Cámara de Diputados hace más de dos años, que quedó varado en el Senado, por falta de cuórum para su tratamiento.
El fiscal que investigará la nueva causa es Martín Cabrera, quien cuenta en su unidad con las denuncias que fueron presentadas por el abogado Nicolás Manfredo Russo Galeano en noviembre del año pasado.
El letrado detalló varios hechos irregulares que habría cometido el ministro de la Corte, y se refiere a un presunto hecho de prevaricato en un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Existen otros hechos que se le atribuyen.
El Colegio de Abogados de Alto Paraná había denunciado irregularidades en los nombramientos de funcionarios para los Tribunales del Poder Judicial de la zona mencionada, donde los nombrados presuntamente son operadores políticos del diputado del PLRA Carlos Portillo.
También fueron denunciados abogados de un estudio jurídico donde está adscrito un hijo del ministro, al que sindican de presionar a una jueza para levantar un embargo contra la Municipalidad de Ciudad del Este.
En otro hecho, denunciaron que Dixon Butterworth Kennedy, en el 2016, siendo miembro del Consejo de Ética del Poder Judicial, entregó un vehículo lujoso, como coima para una resolución favorable.
Esto también lo había denunciado el abogado Paraguayo Cubas, quien representaba a la esposa de Butterworth Kennedy.
La dirección de Delitos Económicos analizó el caso y sugirió la apertura de una pesquisa, que fue solicitada cuando Javier Díaz Verón era el fiscal general del Estado.
El Ministerio Público encontró que es posible la apertura de la investigación bajo los hechos de tráfico de influencia y eventualmente por asociación criminal, como lo señala en la denuncia del abogado. En lo que respecta a los otros casos mencionados, analizan enviar a unidades ordinarias.
Un informe enviado a la fiscal adjunta Alba Cantero refiere que las afirmaciones fácticas y calificaciones jurídicas realizadas en el reporte son provisionales y que podrían eventualmente ser descartadas, ampliadas o modificadas con los datos nuevos que pueden incorporarse en el transcurso de la investigación.
Supuestos operadores
En una de las denuncias aparece un listado de 14 personas que fueron acomodadas en puestos claves, por supuesto pedido del diputado Portillo.
Los mismos supuestamente ocuparon los cargos, tras falsear datos de sus currículum. El ministro de la Corte, presuntamente, es el padrino de estos trabajadores, denunciaron letrados ante la Fiscalía.
