Unas 52 familias indígenas de la comunidad “Karandilla Poty”, en el Departamento de Presidente Hayes, se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema. Arrastran la imposibilidad de acceder a viviendas dignas debido a un obstáculo burocrático, por carecer de un título de propiedad sobre las tierras que habitan hace más de una década.
Esta problemática, denunciada por el líder comunitario Cecilio Cetrini, pone en evidencia una deuda histórica del Estado paraguayo con los pueblos indígenas en el Chaco que no pueden acceder a un servicio básico fundamental para una vida digna.
La comunidad “Karandilla Poty” cuenta con 25 hectáreas y se encuentra a la altura del kilómetro 382 de la ruta PY09 (Ruta Transchaco).
Las familias tenían todo listo para la construcción de sus anheladas viviendas. Sin embargo, la esperanza se desvaneció cuando el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) les comunicó que las obras no iniciarían hasta que no se regularice la situación de la tierra.
“A último momento desde el MUVH nos comunican que hasta tanto no se cuenten con el título de propiedad no será factible el inicio de las obras”, expresó con molestia Cetrini.
La responsabilidad recae directamente sobre el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) que, según Cetrini, ha sido incapaz de resolver la titulación del inmueble durante todo este tiempo.
A pesar de las reiteradas gestiones y la urgencia de la situación, el INDI, en lugar de brindar soluciones concretas, habría pedido a la comunidad de Karandilla Poty que no se manifiesten cerrando rutas, prometiendo una pronta resolución que, hasta ahora, no llega.
La situación es aún más alarmante si se considera la Ley 904, Estatuto de las Comunidades Indígenas, establece claramente que en la Región Occidental a cada familia indígena le corresponden 100 hectáreas de tierra.
Esta disposición busca garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas y asegurar su acceso a la tierra como medio de vida y subsistencia. En el caso de Karandilla Poty, no solo no se cumplen las 100 hectáreas por familia, sino que las 25 hectáreas que habitan ni siquiera cuentan con la formalidad del título de propiedad.
La falta de este importante documento a la vez que impide el acceso a programas de vivienda, perpetúa la precariedad y la incertidumbre para estas familias.
