La transparencia en la gestión debe ser un principio a regir en todos los ámbitos de la gestión pública, no solo en los salarios o viáticos de los funcionarios. No hay ley que habilite a negociar a escondidas, menos aún si se trata de recursos públicos que impliquen deuda. Y aunque existiese esa posibilidad para casos muy particulares, la opacidad debe estar debidamente fundamentada y nunca incluye a las altas autoridades. No se puede eludir la responsabilidad política cuando los funcionarios de menor jerarquía están involucrados.
El reciente caso de PDVSA expone nuevamente a esta gestión de gobierno al escarnio público al no contar con la documentación necesaria y en manera oportuna que demuestre sin lugar a dudas las buenas intenciones del Gobierno y el objetivo de beneficiar al país.
Al contrario, la pésima gestión de la información dio lugar a respuestas y contrarrespuestas, incluyendo las del otro lado de la negociación que en lugar de aclarar el rol de los representantes paraguayos, dieron un manto de duda aún mayor.
La situación se agrava si los representantes gubernamentales ya tenían antecedentes de manejos irregulares, profundizando el malestar ciudadano y la desconfianza, lo cual puede traducirse en acciones que ponen en riesgo el desempeño económico y la gobernabilidad.
La gestión pública no está regulada solo por normas escritas. La ética importa. Paraguay tiene mucha gente sin pasados turbios que pongan en duda su honorabilidad; sin embargo, se nombran en lugares claves a personas con conductas dudosas, aunque se argumente que judicialmente nunca han sido declarados culpables.
La ética es importante porque da señales positivas a la ciudadanía. Solo basta el ejemplo de los termos. Mientras la ciudadanía sigue sufriendo los efectos de la pandemia, algunas instituciones públicas y un ministro regalaron a funcionarios públicos termos importados de alto costo.
La austeridad es un valor fundamental en un contexto de alto sufrimiento económico de la mayoría de la población; más aún si la ostentación se produce en el marco del servicio civil que no fue afectado por la crisis y que de por sí ya cuenta con beneficios laborales muy por encima del resto de la población ocupada.
En este caso particular la situación se empeora al considerar que desde algunos ministerios se impulsan e invierten recursos públicos para apoyar emprendimientos de las mipymes o de las personas privadas de libertad que no son apoyados ni siquiera por sus pares.
Desde el Poder Ejecutivo deben darse señales claras de que la honestidad, el apego a las normas, la transparencia y la ética en conjunto constituyen el faro que guiará los próximos años. De otra manera estará poniendo en riesgo no solo la economía, sino fundamentalmente la estabilidad política.
