El reciente caso de una empresa española ganadora de una licitación que, finalmente, fue ignorada por el Estado paraguayo y tuvo que recurrir a la Corte Internacional de Arbitraje de París en busca de reparación es solo un botón dentro del amplio catálogo de actitudes similares.
El fallo salió a favor de la recurrente y, sin embargo, el Gobierno lo desconoce, tras haber admitido su competencia para entender el asunto. Es, por lo tanto, absurdo que ahora pretenda entregar la decisión a tribunales locales a través de la Procuraduría General de la República.
Se puede hablar de Estado de Derecho si existen las garantías suficientes de que los derechos conculcados son restituidos en las instancias judiciales. En ese contexto, la Razón institucional es la que gobierna, no los caprichos de los que ejercen circunstancialmente el poder.
Aunque los extranjeros no son las únicas víctimas, ellos son los que sufren el impacto más fuerte de una estructura montada para devaluar la Justicia y elevar la cotización de la corrupción.
Los europeos –acostumbrados, en general, a vivir regidos por las legislaciones nacionales– tropiezan con el grave inconveniente de que lo jurídico no es la Palabra Mayor como en sus países. Las reglas de juego son otras porque una cosa es lo formal y otra, muy distinta, lo informal, que, al final, son las que organizan el curso de la realidad.
Se explica, entonces, por qué la empresa española Grupanor Cercampo SA, teniendo todos los argumentos a su favor, no ha podido actuar como proveedora de los servicios solicitados en su oportunidad. Y también por qué acudió a una instancia situada fuera del ordenamiento jurídico local.
El nuevo caso que se presenta es muy grave para la muy deteriorada imagen del país. Para colmo, se produce pocos días antes de que el presidente Nicanor Duarte Frutos viaje a España. Su presencia se verá cuanto menos enturbiada por la situación que está ganando notoriedad pública.
Estos episodios repercuten de manera negativa en las inversiones que pudieran radicarse aquí. ¿Qué empresarios querrán arriesgar su capital si corren el peligro de que todo les favorezca y, finalmente, se les cierren las puertas a lo que legítimamente tienen derecho?
Antes que vivir para estar en permanente campaña proselitista, el jefe de Estado debería ocuparse de trabajar para que la Justicia sea un beneficio, no una anticipada condena para los que acuden a su jurisdicción en situaciones controvertidas.
Así como están las cosas, sin embargo, es evidente que no moverá un dedo para que los atropellos a las leyes no sigan siendo un motivo de vergüenza para la gran mayoría de gente honesta que vive en el país.