Con dos ráfagas que parecían reencauzar a la Administración de Justicia por la senda de lo correcto, al condenar ejemplarmente a los autores del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas y al ex presidente de la República Luis Ángel González Macchi, se instaló cierta esperanza en el Poder Judicial.
Sin embargo, el juzgamiento del caso del incendio que provocó la muerte de 358 personas en el supermercado Ycuá Bolaños marca un retroceso.
La reacción fue la indignación, que se tradujo en violencia y deseos de hacer justicia por mano propia. Esa conducta refleja la insatisfacción de quienes aguardaban de los juzgadores una condena que calmara la sed de justicia.
Lo que ocurre en este caso refleja lo que sucede cuando de disputa legal se trata: hay negligencia en las investigaciones de los fiscales, los jueces actúan con manifiesto parcialismo y no existen sanciones severas para los que transgreden los principios fundamentales del ordenamiento jurídico.
Lo que a los magistrados se les pide es conocimiento profundo del Derecho, probidad, independencia, ética y decoro para cumplir el rol social tan importante de condenar o absolver a los que son sindicados como participantes de un hecho ilícito.
En el Paraguay, la ética no pasa de ser una palabra que adorna algunos discursos cuyo contenido está destinado a impresionar, pero no a ser cumplido. Si sus principios fueran acatados, los ministros de la Corte Suprema –que están obligados a vivir con un sentido de eticidad y no solamente a mostrar una conducta pública y privada en armonía con la ética–, que asistieron al cumpleaños de un influyente senador del partido oficialista, a esta altura, ya hubieran renunciado.
El mal ejemplo de los que tendrían que ser los espejos para que los funcionarios judiciales –de cualquier rango– aprendan decencia, honestidad, capacidad y coherencia, alienta a los de abajo a practicar los antivalores que los de arriba exhiben sin pudor alguno.
La cobardía para aplicar las leyes, el responder a los pedidos del poder político para actuar al margen de la ley y producir sentencias que no se ajustan a Derecho; la venta de fallos, la interpretación antojadiza de las normas, la inescrupulosidad, son los factores negativos que aumentan la falta de credibilidad en los administradores de justicia.
Es necesario reaccionar contra el flagelo productor de injusticias que avasalla nuestro país, porque, de lo contrario, el país se dirige al caos y la ley de la selva. El remedio se tiene que encontrar ahora, porque mañana puede ya ser demasiado tarde.