Editorial

Sigue aumentando el gasto salarial en el sector público

El aumento de los gastos salariales sin mejoras en la gestión pública no solo genera un problema de financiamiento del sector público, sino que además produce en la ciudadanía deslegitimidad de la política pública. Eso es peligroso para la gobernabilidad, el apego a la ley y el sentido de pertenencia a una nación. Si la gente no ve positivo el pago de impuestos, uno de los principales pilares del contrato social, se pone en riesgo la estabilidad del Estado y la aspiración de un presente y futuro compartido. No hay argumentos que eximan al Poder Ejecutivo de su responsabilidad. Es lamentable que las autoridades no hagan una autocrítica sobre el rol que les corresponde en el Presupuesto.

A pesar de las permanentes promesas del Gobierno acerca de no incrementar el peso de la masa salarial, no solo hubo aumentos en los montos destinados a salarios, sino también en el número de cargos.

Muchos informes oficiales señalan que en términos relativos este gasto se contuvo e incluso disminuyó su peso relativo sobre el total de gastos; sin embargo, no se aclara que en valores absolutos se incrementó.

La proporción de gasto salarial cayó porque otros rubros aumentaron más rápido. El problema es que ese aumento se dio gracias al endeudamiento. En los próximos años, la capacidad para adquirir nuevas deudas tenderá a disminuir drásticamente si se quiere garantizar la sostenibilidad de la deuda sin retrocesos en los gastos, especialmente, sociales.

El endeudamiento deberá parar; sin embargo, el costo salarial se mantendrá, con lo cual a largo plazo esto significa que la actual gestión pública a la par de trasladar la responsabilidad del pago de las deudas dejó un gasto rígido permanente, lo que reduce el espacio fiscal para financiar los compromisos derivados de los bonos especialmente.

Si bien el Congreso tiene la última palabra siempre en la aprobación presupuestaria, este Poder Ejecutivo tuvo mayoría casi todo el tiempo, situación que debería haber aprovechado para darle racionalidad al instrumento más importante que tiene el Estado para transformar la vida de las personas.

Con este Congreso aprobó leyes mucho más complejas de debatir y consensuar que el Presupuesto, por lo que no hay razón para aceptar el argumento de que fue la instancia colectiva la que aumentó este gasto.

El Ministerio de Hacienda, de hecho, se suma al despilfarro de fondos al asignar remuneraciones adicionales sin mediciones de desempeño, evaluaciones o criterios meritocráticos. Al contrario, al otorgar bonificaciones de manera pareja a todos los funcionarios está dando la señal de que sin hacer gran cosa o haciendo de manera mediocre se termina ganando lo mismo que quienes se esfuerzan por cumplir con la ciudadanía que con sus impuestos paga sus salarios. No hay argumentos que eximan al Poder Ejecutivo de su responsabilidad. Muchos de los recursos que forman parte de las remuneraciones no son obligatorios de gastar aun cuando es, como por ejemplo dobles o triples aguinaldos, subsidios familiares, bonificaciones, etc.

Es lamentable que las autoridades no hagan una autocrítica sobre el rol que les corresponde en el Presupuesto. Es muy fácil asumir el mérito de la mayor inversión pública, pero deshacerse de la responsabilidad del aumento salarial. Si quiere hacer eso debería demostrar con cifras que no fue producto de su gestión, de todos modos igual le queda la responsabilidad de no haber pactado con el Congreso no solo la estabilidad del gasto sino una reducción y, sobre todo, una asignación racional basada en los méritos.

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