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Servicios de taxis y plataformas deben operar con reglas claras

El conflicto que enfrenta al gremio de los taxistas con los conductores que ofrecen servicios de transporte a través de plataformas digitales, como MUV y Uber, debe ser regulado con nuevas herramientas jurídicas que proporcionen oportunidades laborales con equilibrio y reglas claras para todos los protagonistas, pero principalmente que redunden en beneficios para el ciudadano usuario. Tanto el proyecto de ley presentado en el Congreso como las normativas de los municipios deben contemplar criterios que permitan mejorar la movilidad y la accesibilidad a los servicios. Los monopolios y privilegios deben ser superados, incorporando de manera correcta los avances que permiten el uso de las nuevas tecnologías.

Los episodios de violencia que hubo entre taxistas y conductores de las empresas proveedoras de servicios de transporte a través de una aplicación digital móvil, como MUV y Uber, han resultado realmente lamentables, demostrando la incapacidad de establecer diálogos y acuerdos, como la ineficacia de las autoridades en plantear oportunamente soluciones a un conflicto que ya se viene arrastrando desde hace tiempo.

Han debido producirse los incidentes para que se reactiven otra vez algunos intentos de establecer propuestas de reglamentación, como el proyecto de ordenanza que se estudia en la Junta Municipal de Asunción, o el proyecto de regular servicios que los senadores Tony Apuril y Patrick Kemper han presentado ayer al Congreso. Otra ordenanza, que intentó prohibir los servicios de MUV y Uber en el municipio de Mariano Roque Alonso, fue inicialmente aprobada por la Junta Municipal local, pero luego dejada sin efecto ante la avalancha de críticas, desencadenando una serie de movilizaciones del gremio de taxistas, que llegaron a cerrar la ruta Transchaco.

La aparición de los servicios a través de las plataformas digitales viene ocasionando conflictos en varios países, ya que afectan directamente al gremio de taxistas, que durante décadas ha gozado del monopolio del transporte público “puerta a puerta”, con tarifas reguladas. La llegada de las nuevas tecnologías digitales permitió implementar una modalidad diferente, que permite al ciudadano optar por mejores sistemas de servicio y precios más reducidos.

Aun se discute si las plataformas como Uber y MUV son intermediarias entre un conductor contratado por un cliente o también son empresas de transporte, igual que los taxis. Esa falta de definición marca diferencias en el pago de impuestos y en las tarifas que se cobran, evidenciando un vacío legal que requiere ser subsanado.

El conflicto ha puesto de resalto además los cuestionamientos de los usuarios a los servicios de taxis, a cuyos conductores se reprocha por cobrar precios abusivos, por no emitir facturas o por no mantener muchas de sus unidades en buenas condiciones. Las denuncias han revelado que, especialmente en el municipio de Asunción, se mantiene una red de corrupción que comercia con las paradas establecidas en lugares públicos, sin pagar arrendamientos a la Comuna y sin tributar en la mayoría de los casos ante Hacienda. Además persiste una cuestionada alianza entre dirigentes del gremio de taxistas con los candidatos a cargos electivos en épocas de comicios y que luego se cobran en favores políticos cuando resultan electos, como un evidente caso de tráfico de influencias.

La situación debe ser abordada con nuevas herramientas jurídicas que proporcionen oportunidades laborales con equilibrio y reglas claras para todos los protagonistas, pero principalmente que redunden en beneficios para el ciudadano usuario. Tanto el proyecto de ley en el Congreso como las normativas de los municipios deben contemplar criterios que permitan mejorar la movilidad y la accesibilidad a los servicios. Los monopolios y los privilegios deben ser superados, incorporando de manera correcta los avances que permiten el uso de las nuevas tecnologías.

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