Esta misma relevancia tiene en la prevención de más de la mitad de las enfermedades que afectan a las personas en Paraguay, especialmente a la niñez. En Paraguay existen causas de mortalidad que se relacionan con la falta de agua potable y de sistemas cloacales adecuados.
La energía eléctrica también tiene un rol central en el bienestar, no solo por las ventajas relacionadas con la tenencia de electrodomésticos que reducen el tiempo de trabajo doméstico, sino también por sus efectos en la salud y la educación gracias al acceso a tecnologías modernas. Hoy en día, la tecnología ha permitido alargar la vida de las personas y darles calidad a quienes enfrentan enfermedades crónicas. Mucha de esta tecnología depende del acceso a energía eléctrica.
Estos servicios proveen insumos que además son imprescindibles para la producción. Ningún país puede crecer con estabilidad y a largo plazo sin servicios públicos de calidad. No existe sector productivo que no dependa de esos servicios. La industria, el turismo, la producción y venta de alimentos, como tantas otras ramas de actividad, no pueden funcionar sin servicios de calidad.
La situación empeora si se considera que estas ramas son las que más ocupaciones crean y, en el caso de las mipymes, no tienen condiciones económicas para asumir los sobrecostos que implica la instalación de pozos privados, generadores de energía eléctrica u otra alternativa que reemplace la provisión pública.
A pesar de la relevancia que tienen instituciones como Essap, Senasa o ANDE para la calidad de vida y el crecimiento económico, fueron dejadas de lado a la hora de destinarles los recursos que requieren las inversiones para mejorar su gestión. Esto, a pesar de la gran cantidad de bonos que en los últimos 10 años se destinaron a inversión en infraestructura provenientes del endeudamiento.
La situación de estos servicios públicos es resultado de la falta de prioridad que han tenido las demandas ciudadanas a la hora de tomar decisiones políticas. Autoridades y políticos han preferido destinar recursos a las inversiones que favorecen obras con altas tasas de retorno para determinadas ramas de actividad y negocios, dejando sin recursos a aquellas que favorecen a la mayoría.
Estos mismos políticos y autoridades y justamente referentes de los sectores beneficiados con los recursos de la deuda son los más críticos a la situación y les echan la culpa a la ineficiencia de las instituciones y a las bajas tarifas. Es decir, la solución está en reducir aún más el rol de esas instituciones por su mal funcionamiento o aumentar las tarifas de los usuarios, sin hacer ninguna autocrítica a los errores en las decisiones de inversión pública.
Esperemos que tomen conciencia de la situación y, a partir de ahora, la inversión pública priorice las necesidades ciudadanas y no los intereses particulares de unos pocos sectores económicos.
