Opinión

Servicio decente

 Wendy Marton – @WendyMarton

Wendy MartonPor Wendy Marton

Paraguay vive aún en el medioevo, por lo menos en materia de provisión de agua potable y saneamiento ambiental.

En pleno 2018, una parte importante de la población paraguaya bebe agua extraída de pozos, aguas superficiales e incluso agua de lluvia sin ninguna garantía acerca de su calidad.

La cobertura de agua potable alcanza apenas al 78% de la población paraguaya, una de las cifras más bajas de América Latina.

La problemática es reconocida en un informe estatal, pero los pasos para avanzar hacia una verdadera reforma del sector siguen siendo lentos.

La provisión de agua potable es realizada por la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), aguateras privadas y por Juntas de Saneamiento fiscalizadas por el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa).

Hace unos días, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) presentó el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento.

Esta propuesta establece el reordenamiento y fortalecimiento institucional, y la reestructuración legal del sector; el ordenamiento y estructuración financiera, tarifaria y subsidiaria del sector de agua potable y saneamiento; y lograr la universalización y garantizar la sustentabilidad de los sistemas de agua potable y saneamiento.

El informe revela que Paraguay gasta y/o pierde 1,63% de su PIB, que representa USD 451,1 millones por año, en tratamiento de enfermedades de origen hídrico, en transporte, compra y/o purificación domiciliaria del agua para beber por desconfianza en la calidad del agua proveída por los prestadores, en costos de oportunidad por carencia de baños y en impactos negativos en el turismo.

Mientras la modernidad toma las calles en materia de edificaciones, los sistemas de provisión de agua y alcantarillado siguen atrasados.

Los diagnósticos sobre la necesidad de invertir en agua y saneamiento ambiental datan de 1998, pero 20 años después la solución aún no llega.

El gobierno de Mario Abdo Benítez ya no puede seguir en la senda de realizar diagnósticos, y necesita comenzar a encarar trabajos que permitan mejorar la calidad de vida.

Para ello, se deberá necesariamente fortalecer la entidad reguladora de servicios sanitarios. No solo deben aplicarse fuertes multas económicas a los que incumplen con las normativas, sino llegar a un acuerdo con los municipios para que entiendan la necesidad de brindar un mejor servicio de agua y saneamiento ambiental.

Mario Abdo precisará, además, un pacto político fuerte con los intendentes y gobernadores para que la infraestructura sanitaria básica sea un hecho, tanto para construcciones antiguas como para nuevos emprendimientos inmobiliarios.

Deberá, asimismo, acordar con el Congreso Nacional las bases que determinen si los aproximadamente USD 6.000 millones que se requieren de inversión en el sector de agua y saneamiento provendrán total o parcialmente de financiamiento público o si el sector privado se encargará de invertir, bajo fuerte regulación estatal, y cómo se trabajará con la población vulnerable.

Para lograr la universalización del servicio también se deberá apostar al capital humano, y recurrir a aquellos que se capacitaron sobre el tema. Y entender que apostar al mejoramiento ambiental es urgente e impostergable.

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