Hoy la Cámara de Senadores debe tratar el proyecto aprobado en Diputados y que fue duramente cuestionado por las modificaciones introducidas porque prácticamente evitará el control del dinero sucio en las campañas electorales.
Arregui remarcó que la Seprelad no tiene competencia para anular o no una candidatura pero si para trabajar desde el plano de inteligencia para brindar información necesaria al órgano electoral.
“Tenemos una instrucción precisa de trabajar en todo lo que sea el control. Nosotros habíamos hablado con la proyectista, en este caso, lo que hace referencia al proyecto de ley de financiamiento político y ante la eventualidad de que este proyecto de ley no saliera como efectivamente en diputados no se aprobó, nosotros igual firmamos un convenio con el TSJE”, expresó el ministro.
Dijo que ponen a disposición todas las herramientas que Seprelad conjuntamente con la Justicia Electoral podrían realizar mas allá de la aprobación o no de esa ley.
“Se basa fundamentalmente en algo que es clave y que tiene que ver con el control; no solamente pos elecciones, sino antes, durante y después de las elecciones”, indicó.
COMPETENCIA. Arregui sostuvo que desde la función genuina que cada uno de los órganos del Estado deben cumplir como la Contraloría y la Subsecretaría de Tributación, Seprelad no puede tener competencia para anular o no una candidatura.
“Pero sí para trabajar desde el plano de inteligencia en brindar información al supervisor natural del partido político que es TSJE para que ellos con los elementos que Seprelad le pueda proporcionar esté en condiciones de tomar una determinación al respecto”, sentenció.
El ministro sostuvo que siempre que existan leyes que de alguna manera faciliten la transparencia y trazabilidad del dinero que se utiliza para el financiamiento de la campaña va ser positivo.
Acotó que Paraguay está siendo observado a nivel internacional y remarcó que están teniendo reconocimiento ante las acciones que están emprendiendo en el marco del proceso de evaluación como la aprobación y promulgación del paquete de leyes antilavado de dinero.
