Los legisladores se niegan a aprobar el artículo 24 del proyecto que crea el “Centro de Acceso a la Información Pública” como organismo dentro de la estructura de la Defensoría del Pueblo de la República.
Sostienen que dotar de un centro dependiente de la Defensoría sería dar poder a un funcionario denunciado constantemente por las víctimas de la dictadura, y sobre todo con mandato vencido, como Manuel Páez Monges.
El sector que critica esta situación es el del senador de la ANR, Enrique Bacchetta, y también el Frente Guasu.
Los senadores, en busca de que el proyecto sea aprobado, estarían dispuestos a retirar este artículo y dejar sin este rol a la Defensoría.
Penas. Otros de los puntos que preocupa del proyecto, presentado por el Grupo Impulsor de Acceso a la Información, con el apoyo del senador del PLRA, Carlos Amarilla, tiene que ver con las sanciones que se establecen. Sostienen que hay cuestiones muy genéricas en ese sentido.
Expresan que realizarán comparaciones con la legislación extranjera en este campo.
El proyecto, que será tratado este jueves, establece sanciones pecuniarias a funcionarios que se nieguen a dar información pública.
El artículo 30 precisa que toda decisión firme del Poder Judicial que ordene la entrega de información pública debe cumplirse en los plazos previstos.
Se establece que el importe será a favor del solicitante perjudicado, y que las condenas se graduarán entre 90 y 300 jornales mínimos.