Hace dos semanas se discutieron tres proyectos, pero esta vez los legisladores del Frente Guasu retiraron su texto luego de haber llegado a un consenso con la ANR, a través de Blanca Ovelar, como presidenta del Frente Parlamentario contra el Hambre, mientras que por el otro lado el senador liberal, Fernando Silva Facetti, defendió la iniciativa que finalmente no tuvo los votos.
Las principal diferencia es la fuente de financiamiento. El primero establece un tributo a los sojeros, quienes según los cálculos que compartió Esperanza Martínez (FG) contribuirán entre G. 7.000 a G. 8.000 millones al año, en tanto que el segundo apuntaba al Presupuesto General de la Nación, donaciones y excedentes que resulten del seguro agrícola del ejercicio anterior.
Los patriaqueridistas Stephan Rasmussen y Fidel Zavala argumentaron que antes que un seguro, los productores necesitan asistencia técnica, acceso a mercados y política de precios mínimos, pero Ovelar contestó que esas acciones ya están estipuladas en otra normativa.
El artículo 17 es el que establece que los recursos para la implementación de la ley “serán asignados de lo resultante de gravar la exportación de granos en estado natural a una tasa del 0,5% conforme al valor aduanero de las exportaciones”.
El sector sojero ya se había pronunciado contra esta iniciativa, a la que calificó como un “disfraz” para establecer un nuevo impuesto.
Sin embargo, la legisladora colorada insistió en que varios expertos coinciden en que se trata del sector menos golpeados por la pandemia. “Nosotros tenemos hoy una economía fuertemente dependiente del campo, tenemos que cuidar nuestro agro y yo quiero manifestar en ese marco que no tenemos absolutamente nada en contra de la agricultura empresarial mecanizada, que es clave para generar divisas para el país. Somos productores de soja, producimos granos de todo tipo y está muy bien, pero tengamos mecanismos de coexistencia de estos dos modelos porque son claves para la armonía social, para el combate a la pobreza rural”, expresó.
Asimismo indicó que ni siquiera será gratis para el productor, que terminará pagando la prima del seguro.
El proyecto que pasa a Diputados, estipula que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con la participación de otras cuatro instituciones en la reglamentación.