El legislador tiene libertad ambulatoria con una caución real de USD 200.000, mientras que su esposa tiene también libertad, pero con una caución de USD 100.000.
Ahora, el juez correrá traslado al Ministerio Público para que conteste los recursos planteados por las defensas de los procesados. Luego elevará el caso al Tribunal de Apelación Penal.
El principal argumento de la defensa de Friedmann es que el legislador no puede ser objeto de medidas cautelares, conforme con el artículo 191 de la Carta Magna.
Según la defensa, tiene inmunidad de proceso, de opinión y de detención. Con ello, alegan que el Congreso solo le quitó los fueros para que sea procesado.
La defensa asegura que si bien Friedmann puede ser procesado, aún cuenta con inmunidad de detención, que no fueron sacados por el Senado, con lo que no puede ser sometido a medidas cautelares.
El juez Duarte había rechazado ese argumento debido a que entendía que al ser sometido al proceso, también podía ser objeto de medida cautelar, que es propia del proceso penal.
Ahora deberá ser el Tribunal de Apelación Penal el que defina si Friedmann puede o no ser objeto de medidas cautelares.