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Senado retrocede en impuesto a la soja y proyecto vuelve a comisión

A más de un año de su aprobación en general, la Cámara de Senadores decidió este jueves enviar nuevamente a comisión el proyecto de ley que grava el impuesto a la soja. De esta forma, la iniciativa parlamentaria volverá a comenzar de cero.

Un total de 29 senadores votaron para que el proyecto de ley que grava el impuesto del 10% al valor total de la exportación de soja pase nuevamente a comisión. Una minoría de 14 legisladores solicitaron que se culmine su estudio en particular este jueves.

La decisión del pleno se dio tras un debate de más de tres horas. Una mayoría de colorados, un sector de los liberales y los representantes patriaqueridistas fueron quienes decidieron enviar de nuevo el documento a la Comisión de Hacienda del Senado

Con lo resuelto, el proyecto que fue presentado por Frente Guasu volverá a ser dictaminado y luego puesto a disposición del pleno, es decir, la aprobación que tenía en general desde junio del 2017 queda sin efecto, según informó la periodista de Última Hora Claudia Merlos.

Fue el senador Patrick Kemper, presidente de la Comisión de Economía, quien solicitó que la iniciativa parlamentaria sea otra vez analizada ante la situación coyuntural y para estudiar su impacto.

Sin embargo, varios parlamentarios se opusieron y se llevó adelante el largo debate sobre el tema.

Los liberales efrainistas, los parlamentarios del Frente Guasu y del Partido Democrático Progresista (PDP) solicitaron que su tratamiento sea en la fecha y cuestionaron que los productores sojeros realicen un lobby en el Congreso para evitar pagar nuevos impuestos.

La senadora Desirée Masi pidió insistentemente a sus colegas tratar el proyecto y argumentó que con el impuesto se podrá dar respuesta a varios programas sociales. “Déjennos debatir. ¿Por qué tenemos que dilatar y por qué no quieren escuchar los argumentos?”, le preguntó a sus colegas.

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El parlamentario Fidel Zavala manifestó la postura del Partido Patria Querida (PPQ) y explicó que el criterio es que el impuesto al grano perjudicará al pequeño productor y subsidiará a las grandes industrias. Justificó que las grandes agroexportadoras contratan a los sojeros y firman un documento que menciona que los productores son los que deben cargar con los tributos públicos.

Añadió que el sector sí paga impuestos y están contemplados en el Impuesto a la Renta Agropecuaria (Iragro) y el Impuesto a la Renta Comercial, Industrial o de Servicios (Iracis).

De acuerdo con lo expresado por el senador, el sector está distribuido en un 5% por las industrias, en un 45% por los medianos productores y un 54% por los pequeños productores.

Por su parte, el colorado Sergio Godoy asumió que la postura de la bancada de Honor Colorado es el rechazo absoluto al proyecto de ley. Calificó al impuesto como un Caballo de Troya y aclaró que generaría una desigualdad en el sector.

El liberal Juan Bartolomé Ramírez dijo que no se puede tratar el aumento de impuestos cuando el Gobierno no tiene un plan de gastos definido. “Es el Ejecutivo el que debe determinar sus políticas. Cualquier iniciativa de gravar impuestos debe traer consigo una visión del Gobierno”, refirió.

A su turno, Carlos Filizzola, del Frente Guasu, recordó al pleno que el presidente Mario Abdo Benítez -al tiempo de asumir- afirmó que no aprobaría el impuesto a la soja tras una reunión con empresarios y gremios de la producción. Alertó que, si finalmente el Congreso sanciona la normativa, el Ejecutivo puede vetarlo.

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"El total de impuesto que pagan los sojeros es el 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB). Nuestros impuestos se sostienen con los pobres, ya es hora que se haga una justicia tributaria", expresó.

Proyecto del impuesto a la soja

La normativa para aplicar un impuesto a la soja fue aprobada, en general, el 22 de junio del año 2017; sin embargo, su tratamiento en particular se postergó desde entonces.

El proyecto generó bastante polémica, con posturas a favor y en contra. Varios especialistas argumentaron que el gravamen al grano perjudicaría a los productores.

Este documento plantea un 10% de gravamen al valor total de la exportación de granos en estado natural. Además, prevé que el impuesto recaudaría unos USD 300 millones al año, según el cálculo preliminar.

Los ingresos serían destinados en un 50% a la adquisición de tierras para la reforma agraria, un 20% para el apoyo a la agricultura familiar campesina, un 20% a la atención primaria de la salud y de víctimas de intoxicación aguda por plaguicidas y un 10% para obras de infraestructura rural y mantenimiento vial.

En la región, el único país que cuenta con un impuesto a la exportación de granos es Argentina.

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