En sesión digital, 23 senadores votaron por el rechazo de la objeción total del Ejecutivo a la legislación que modifica el artículo 2º de la Ley 4558/11, que establece mecanismos de apoyo a la producción y empleo nacional, a través de los procesos de contrataciones públicas.
La ley vetada generó posiciones enfrentadas entre gremios industriales y de importadores. Para la Unión Industrial Paraguaya (UIP) el aumento se justifica para seguir dando el respaldo que necesita la industria para su desarrollo. Por su parte, el Centro de Importadores del Paraguay (CIP), consideró inconstitucional el aumento y advirtió que generará sobrecostos en las compras del Estado y otras consecuencias negativas para el país.
El senador liberal Juan Bartolomé Ancho Ramírez dijo que “este puede ser un mensaje para la región de que el país también puede producir y no sólo tenga que comprar y no solamente generar servicios”. Sostuvo que no pueden seguir atados y que en países fuertemente industrializados de la región y el mundo hay proteccionismo, por lo cual alentó a que también el país lo sea con su industria.
Alegó además que el Estado tampoco da ese empujón necesario. “De la industria nacional aún no se compró una camioneta y en las licitaciones siempre enmarañadas entran otros con los requisitos y logran vender”, resaltó. Por su parte el senador cartista, Antonio Barrios, resaltó que dar beneficio a la industria redundará sobre los 50 mil empleos que genera. Dijo que, en contrapartida, desalentar esta medida podría desembocar en que más paraguayos se unan a la franja de 500.000 desempleados que dejó la pandemia.