La titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara Alta, Esperanza Martínez, alegó que no existe claridad con respecto a los proyectos remitidos por el Fisco, por lo que mocionó por el aplazamiento de ambos.
Subrayó que en el paquete enviado por el Ejecutivo no se puede saber con qué acreedor se endeudará al Estado, con qué tasas y a cuántos años, lo que se presta a muchas dudas. También cuestionó la falta de definición sobre si estos planes se ejecutarán este año o el siguiente, porque no se puso como anexo una ampliación presupuestaria.
El senador Fernando Silva Facetti, por su parte, agregó que la Contraloría acaba de sacar hace unos días un amplio reporte en el que se informa sobre irregularidades en la gestión del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), por lo que entregarle otros USD 47 millones podría resultar imprudente y peligroso. También cuestionó que en la segunda ley de protección social, que contempla un total de USD 125 millones, hay varios proyectos que se necesitan estudiar mejor, por lo que propuso disgregar este planteamiento.
En principio, la ley de viviendas sociales quedó postergada por 15 días, mientras que para la de protección social no se fijó una fecha, aunque la idea del Senado es nuevamente analizarlos en la misma sesión.
APROBACIÓN. Esta postergación significa un golpe para el Ministerio de Hacienda, cuyas autoridades habían abogado este miércoles por la aprobación de ambas leyes para no interrumpir el proceso de recuperación que viene desarrollándose con el plan de reactivación lanzado hace unos meses.
Recordaron que el indicador mensual de actividad económica viene mostrando crecimientos en los últimos dos meses, lo que si bien implica una recuperación más rápida de la esperada, hay todavía ciertos sectores muy golpeados por la pandemia. Ejemplificaron diciendo que el rubro de servicios sigue sin poder levantarse, siendo que concentra el 60% del empleo.
También señalaron que “no hay plan B” en caso de rechazarse las nuevas deudas, ya que los saldos de la Ley de Emergencia están comprometidos y la pandemia golpeó duramente a los ingresos tributarios.
DETALLES. El paquete de leyes enviado al Legislativo se divide en tres ejes: créditos para el desarrollo, inversión en viviendas sociales y protección social, aunque solo los últimos dos fueron analizados ayer.
El eje de viviendas sociales contempla la toma de deuda por USD 47 millones, los que financiarán la construcción de unos 6.000 nuevos hogares. El eje de protección social alcanza los USD 125 millones, e incluye la ampliación del Pytyvõ por USD 50 millones, un nuevo pago de la deuda histórica al IPS por USD 50 millones y transferencias de USD 1 millón a cada gobernación para planes asistenciales, entre otros.
Este nuevo endeudamiento se sumará a los USD 1.990 millones tomados meses atrás para enfrentar la crisis sanitaria. Es así que, en la actualidad, el pasivo paraguayo ya llega a los USD 10.959,9 millones, lo que equivale al 30,9% del PIB.
LA CIFRA
172.000.000 de dólares es la nueva deuda que se busca tomar para financiar las leyes de viviendas y protección social.
Arrancaron ayer las nuevas acreditaciones del Pytyvõ 2.0
En la víspera arrancó la segunda serie de pagos del Pytyvõ 2.0, según confirmó el Ministerio de Hacienda.
Los subsidios fueron entregados durante toda la jornada a unas 250.000 personas, mediante billetera electrónica, cuentas bancarias o el sistema denominado “tarjeta cédula”.
La cartera recordó que para este primer desembolso, la prioridad fueron los trabajadores de frontera que residen en las ciudades de Alto Paraná.
El Pytyvõ 2.0 contempla pagos de G. 500.000 y pueden darse hasta cuatro veces. De acuerdo con la reglamentación decretada por el Ejecutivo, están habilitados para recibir los subsidios los cotizantes del IPS despedidos durante la pandemia, los cuentapropistas y los trabajadores informales dependientes de las mipymes.
