Con los votos de 40 senadores, se aprobó con modificaciones el proyecto que permite a la Contraloría General de la República auditar Itaipú y Yacyretá.
El único que esgrimió un argumento en contra fue el colorado Silvio Ovelar, quien junto a su correligionario Juan Carlos Galaverna decidieron votar por el rechazo.
En el texto aprobado por el Senado se incluyeron los cambios recomendados por el contralor Camilo Benítez, por lo que volverá a Diputados.
El artículo más objetado fue el que establece que la Contraloría puede realizar un allanamiento con apoyo de la fuerza policial, en el caso de que las binacionales no cumplan con el plazo de remitir cualquier informe solicitado.
Hubo incluso varios pedidos por parte de contados senadores para que sea eliminado, pero se mantiene.
Debate. El colorado Sergio Godoy sostuvo que el Tratado no impide el control del presupuesto del margen derecho, porque la intención es velar por los recursos que son del Estado paraguayo.
La mayoría de los senadores que intervinieron se hicieron eco de las argumentaciones que realizó el contralor general a favor del proyecto de ley.
“De una vez por todas se va a permitir que el órgano constitucional pueda controlar la cuenta de estas entidades como cualquier otro organismo del Estado”, refirió Godoy.
“¿Qué importa si los brasileños o argentinos no quieren auditar? Paraguay sí. Tenemos la postura política y técnica, jurídica de los asesores y varios senadores”, sentenció Desirée Masi.
CÁTEDRA DE TRANSPARENCIA. Beto Ovelar, una vez más, se ratificó en contra de la auditoría de las binacionales. Su esposa, Magnolia Mendoza, percibe un salario de más de G. 100 millones en Itaipú.
El colorado abdista indicó que la indignación ciudadana es legítima, pero que la legitimación de la acción de los parlamentarios debe provenir de la prudencia y serenidad.
“La transparencia también requiere de legalidad. Si queremos legalidad y legitimidad, necesitamos ajustarnos”, dijo.
“Me ratifico en que el texto de Diputados no es constitucional. Ninguna otra institución pública o multinacional está expuesta a este control arbitrario”, cuestionó.
“Nunca recibí ni un centavo de (Nicolás) Leoz. Ningún narcotraficante financió mi campaña. Tal vez no puedo dar cátedra en materia electoral, pero sí de transparencia”, aseguró Ovelar.
El mismo había sido denunciado por compra de cédulas, en elecciones pasadas, y desde entonces, quedó con el mote de “trato apu’a”.
Refirió que era preferible tener postura antipática, y que Itaipú y Yacyretá solo pueden ser auditadas cuando comisiones binacionales autoricen.
