Política

Senado crea procedimiento para privación de beneficios ilegales

 

Los senadores dieron vía libre ayer a otro proyecto de ley que forma parte del paquete antilavado de dinero, con miras a la evaluación del Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica).

La propuesta que pasa ahora a manos de los diputados implica crear el procedimiento especial para la aplicación del comiso, comiso especial, comiso autónomo y la privación de beneficios y ganancias obtenidos ilegalmente.

Del proyecto se hicieron cargo los senadores Blas Llano, actual titular del Congreso; Lilian Samaniego, Stephan Rasmussen, Martín Arévalo, y en su momento Rodolfo Friedmann.

No hubo oposición ni debate en torno a este punto, con el cual los senadores completan el paquete de 12 leyes antilavado, que fueron recomendados por Gafi.

Además, del combate al lavado de dinero, las propuestas contemplan sanciones al financiamiento del terrorismo y el crimen organizado.

El liberal Fernando Silva Facetti sostuvo que la propuesta sobre comiso establece mecanismos, procedimientos y reglas generales, que quedan en manos de la Fiscalía.

Trajo a colación que este punto ya está vigente dentro del Código Penal, pero que con esta ley se pretende ajustar las medidas.

Manifestó la necesidad de afrontar de manera efectiva a las organizaciones criminales, atacando los beneficios obtenidos ilegalmente, que son sus fuentes de financiación.

Remarcó que solamente la pena privativa de libertad no es suficiente, por lo que recomendó la aprobación del proyecto con modificaciones.

medidas cautelares sobre los bienes. En el proyecto se menciona que a solicitud del Ministerio Público, en cualquier momento del procedimiento, el juez penal de garantías podrá disponer la aplicación de medidas cautelares sobre los bienes, cuyo comiso se pretende.

Se alega que podrán ser dispuestas conjunta, separada o alternativamente, con independencia de quien sea el titular del bien.

Se estipula que si dada la naturaleza de la medida cautelar impuesta fuera necesario el desapoderamiento del objeto y la privación de su administración por parte de quien figure como su titular, ésta pasará a ser administrada por Senabico.

Se estipula que no se exigirá caución a la autoridad requirente para solicitar las medidas cautelares establecidas en el presente artículo.

También se indica que independientemente a la solicitud, en casos de urgencia, el Ministerio Público podrá decretar la indisponibilidad temporal de los bienes y activos sometidos a los alcances de la presente ley.

Se refiere que en esos casos se debe requerir la confirmación del juzgado en el plazo máximo de 72 horas.

competencia. En la propuesta se señala que corresponderá a la justicia penal el conocimiento de la privación de los beneficios y ganancias provenientes de un hecho antijurídico, y la ejecución de sus resoluciones, para lo cual se debe aplicar el Código Procesal Penal.

Al mismo tiempo se hacen salvedades, alegando que el juez o tribunal que tenga a su cargo el procesamiento y juzgamiento para la aplicación de una sanción penal será igualmente competente.

Se citan varios casos, entre ellos cuando no corresponda la condena de una determinada persona, o el tribunal prescinda de la pena.

También en el caso que proceda una salida alternativa a la realización del juicio.

Teniendo en cuenta este último ejemplo, se estipula que el juez será competente para conocer la admisibilidad de la solicitud de una audiencia oral y pública.

Se agrega que es a los efectos de que un Tribunal de Sentencia ordene el comiso, la inutilización o la privación de los beneficios y las ganancias, como establece el proyecto.

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