18 abr. 2024

Senado aprueba el pedido de informe al INE sobre encuesta

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó ayer en sesión extra, un pedido de informe al Instituto Nacional de Estadística (INE) respecto a cómo se usaron los USD 43 millones previstos para el Censo Nacional 2022. La propuesta llevó la firma de varios legisladores y votaron por su aprobación un total de 27 senadores.

Tras las múltiples críticas realizadas al Censo, particularmente porque hubo denuncias de que no se llegó a toda la población a pesar de los recursos millonarios puestos al servicio de dicho evento, el Senado decidió aprobar el pedido de informe en el que se solicita todo lo relacionado con los contratos, a quiénes fueron otorgados viáticos, así como toda la información respecto a las licitaciones para el Censo. Así también, se convocó para la reunión de mesa directiva del próximo lunes, al titular del INE, Iván Ojeda.

“El país no se merece este tipo de burlas, encerrar a la población para el censo costó a todos los sectores productivos más de 100 millones de dólares. Solicito que el presente proyecto sea aprobado”, sostuvo el senador Lucas Aquino.

A su turno, el senador liberal Blas Llano también opinó que todo el proceso carece de credibilidad y que el gobierno improvisó.

“Últimamente el Ejecutivo nos toma muy a menudo el pelo. Ñanehovápeté (nos abofeteó) con el tema del censo”, añadió.

Dijo que de buena fe se le aprobaron los USD 43 millones, pero ahora ellos son los que quedan mal.

Por su parte, la gestión del INE fue defendida por algunos colorados abdistas.

En este sentido, la senadora Blanca Ovelar dijo que hay que quitar la visión catastrófica sobre la realización del censo. Añadió que se deben valorar las cosas positivas, sin perjuicio de que Ojeda brinde informes. Por su parte, el senador Ramón Retamozo señaló que las fallas se irán subsanando, ya que “en estos 15 días se va a completar y corregir lo que falta”, señaló.

A pedido del senador Blas Llano también fue aprobado el proyecto de resolución que encomienda a la Contraloría General de la República a efectuar auditoría financiera y de gestión sobre el uso de los recursos destinados para la realización del Censo.

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