La iniciativa, cuestionada por varios sectores, pretende destinar USD 940 millones a los ex trabajadores y el presidente Mario Abdo Benítez había argumentado que el plan es inconstitucional.
En efecto, la Itaipú Binacional (IB), cuyo director paraguayo es el embajador Manuel María Cáceres, había explicado que la propuesta no solo afecta al Tratado, ya que “por el principio rector de prelación de leyes del artículo 137 de la Constitución Nacional será violado”, sino también a otros aspectos jurídicos esenciales, como la seguridad jurídica en las vinculaciones laborales, porque tras más de 22 años se pretende imponer una “prescripta obligación”.
Cosa juzgada. “Las demandas de los citados ex trabajadores contra Itaipú han sido rechazadas en todas las instancias, incluso por la Corte Suprema de Justicia, en resoluciones que a la fecha tienen el efecto jurídico de cosa juzgada”, había comunicado la Binacional.
A su turno, Abdo Benítez subrayó que si se destinara el total de lo recibido por royalties y compensaciones, el monto de la indemnización se pagaría en poco más de cuatro años. Añadió que el funcionamiento de la entidad y el manejo de los recursos financieros están acordados con los Estados partes, a través del tratado internacional. “Estas normas, que son fruto de un tratado internacional, tienen preferencia sobre cualquier tipo de ley ordinaria que pueda surgir de un debate (a instancias del Congreso)”, recalcó.
Bajada
940
millones de dólares es el monto establecido para la compensación histórica en el proyecto de ley del Congreso.
