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Seguridad privada: Contraloría dice que licitación de IPS fue direccionada

El dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), sobre la licitación para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia del Instituto de Previsión Social (IPS), concluyó que este proceso se realizó de manera direccionada para favorecer a un consorcio.

Paul Ojeda, director general de Control de Contrataciones Públicas del Estado, informó a Última Hora que la institución pudo comprobar que los términos, en cuanto a la experiencia requerida por el pliego de bases y condiciones, estaban adaptados para favorecer al consorcio Seguridad Integral.

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El consorcio Seguridad Integral está integrado por las firmas Tecnologi SA, Bullers SA y SSP. Esta última firma habría contado con el respaldo del ex senador liberal Dionisio Amarilla.

La adjudicación de servicios de seguridad y vigilancia no se llegó a realizar ya que el Consejo de Administración del IPS decidió suspenderla ante sospechas de irregularidades y denuncias de oferentes.

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El dictamen de Contraloría determinó, además, que la previsional no cuenta con documentación que justifique el costo estimado para la oferta. Indica que la licitación contiene términos que restringen la libre participación de otras firmas del mismo ramo, favoreciendo a la sociedad que cuenta con un contrato vigente con el IPS.

Dictamen Tecnico de Contrataciones N° 16.19 LPN SBE N° 23.19 Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia del IPS (1).pdf

Ojeda explicó que este documento fue remitido, junto con algunas recomendaciones, a la nueva administración del Instituto de Previsión Social (IPS). Sin embargo, las conclusiones no serán derivadas al Ministerio Público, pues el daño patrimonial no fue consumado.

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El senador Dionisio Amarilla fue destituido del Congreso luego de que saliera a la luz un supuesto intento de soborno a un periodista que investigaba las irregularidades en el proceso de contratación de seguridad y vigilancia del Instituto de Previsión Social (IPS).

Además del escándalo por denuncia de uso indebido de influencia, para favorecer a una firma de seguridad, Amarilla cuenta con otras acusaciones en su contra.

Tras este escándalo, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ordenó suspender la licitación para la adjudicación del servicio de seguridad para los establecimientos del Instituto de Previsión Social (IPS), tanto sanitarios como administrativos.

A partir de la orden del jefe del Ejecutivo, la previsional deberá hacer, nuevamente, un llamado a licitación.

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