El informe completo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), dado a conocer en los últimos días, da cuenta del escaso esfuerzo realizado por Paraguay para garantizar la seguridad jurídica que requiere la recuperación económica y, sobre todo, la convergencia del crecimiento con el desarrollo en el mediano y largo plazo. La nota "moderada" a la mayoría de los resultados evaluados y "bajo" a uno de estos significa que si bien no volvimos a la lista gris, no estamos avanzando a la velocidad que se requiere para sacar a Paraguay del grupo de países corruptos y bajo el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Paraguay enfrenta grandes desafíos para emprender el camino hacia el desarrollo. Un patrón de crecimiento económico caracterizado por su alta volatilidad y bajos niveles de productividad, competitividad y diversificación requiere una transformación estructural. La infraestructura y el capital humano como determinantes del crecimiento exigen un esfuerzo mucho mayor que el que se está realizando. Otros ámbitos que también afectan de manera directa a cualquier posibilidad de desarrollo están descuidados, como la seguridad ciudadana y la lucha contra el narcotráfico. Estos retos implican reformas, políticas y necesidades de financiamiento que no se están previendo en el Presupuesto General de la Nación.
El miércoles pasado participé del seminario sobre el Tratado de Libre Comercio Chile – Paraguay: Oportunidades y Desafíos, organizado por la Universidad de Chile y las cancillerías de ambos países.
Se debilita rápidamente la institucionalidad económica
Hasta hace unos años se asumía como un valor la presencia de instituciones económicas fuertes que garantizaban una relativa estabilidad macroeconómica. Una gestión más profesionalizada, la menor influencia político-partidaria en las decisiones y mayor estabilidad de los ministros eran los argumentos que estaban en la mesa. En un país tan contaminado con el prebendarismo y la partidización, nuestro umbral era relativamente bajo, dado que en realidad siempre existieron sectores que lograban imponer intereses particulares frente a los objetivos nacionales o al bien común. Esta situación se está agravando a un ritmo que nos puede llevar muy rápidamente a un Estado fallido.
El martes pasado participé del Primer Congreso Paraguayo de Investigadores y Hacedores de Políticas Públicas, organizado por el Ministerio de Hacienda con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Un excelente evento que tuvo como participantes a economistas de primer nivel internacional, incluyendo a un reciente premio nobel.
La corrupción y la ineficiencia del sector público pueden tener múltiples formas. Una de ellas es la denominada "puerta giratoria" o también llamada "circulación público-privada", a través de la cual autoridades, gerentes o trabajadores provenientes del sector privado entran al sector público o viceversa. Este tránsito genera riesgos, pues pueden beneficiar a un sector o en el peor de los casos a su propia empresa y cuando salen se van con información privilegiada, que atenta contra los principios de la libre competencia. Paraguay necesita regular y penalizar con fuerza este problema cada vez más visible y problemático.
El presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Édgar Olmedo, aseguró que el impacto de la ley que criminaliza las invasiones sería mínimo para las comunidades indígenas. Aseguró que, incluso, la normativa dotará de seguridad jurídica a las tierras de varias comunidades.
Los inversores argentinos compran siete de cada 10 departamentos que se venden en Paraguay, según un medio argentino. La razón, se debería a la estabilidad de la moneda, una baja inflación y seguridad jurídica, además de créditos a largo plazo, según Alfredo Rilla, uno de los inversores.
El embajador de Italia en Paraguay, Gabriele Annis, considera que las oportunidades de negocio del país sudamericano deben observarse desde una doble perspectiva, con una mirada en la estabilidad macroeconómica y otra en su participación en el Mercosur.
