Economía

Segundo tijerazo al PGN por bajos ingresos

 

Empujado por el casi nulo incremento de la recaudación tributaria y la necesidad de seguir invirtiendo para reactivar la economía, el Gobierno Nacional realizará un segundo recorte de gastos dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN). El anuncio lo hizo el ministro de Hacienda, Benigno López.

El titular del Fisco indicó que el objetivo principal del nuevo ajuste al plan financiero es disminuir los gastos superfluos para frenar el aumento del déficit fiscal de cara al cierre del año.

El secretario de Estado, no obstante, subrayó que recién hacia fines de mes e inicios de octubre tomarán una decisión sobre la opción de pedir al Congreso su autorización para aumentar el déficit por encima del tope del 1,5% del PIB establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Para esto, el Ejecutivo decidió asesorarse con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Consultado sobre los conceptos que serán recortados y los montos que serán afectados, Benigno López indicó que esta mañana se reunirá el equipo técnico de Hacienda para definir esos puntos, pero no quiso entrar en detalles.

Actualmente, el déficit acumulado entre enero y agosto se encuentra en el 1% del PIB, pero el anualizado (últimos 12 meses) está en el 1,8% del PIB, según el informe de situación financiera presentado por la cartera días atrás.

El documento refiere que la inversión pública registrada en el año alcanzó los USD 571 millones, lo que representa una variación positiva del 23,4% frente al 2018. Sin embargo, ese aumento no es acompañado por los ingresos tributarios, que crecieron apenas en un 1,4%, lejos del 7,2% previsto a inicios de año.

Este bajón es producto de la caída en la recaudación de Aduanas por el menor ritmo de las importaciones. La SET, por su parte, mantiene un crecimiento positivo en torno al 8%, según el reporte de la cartera.

RACIONALIZACIÓN. El primer recorte al PGN, mediante un ajuste al plan financiero, se había dado en julio.

Mediante el Decreto 2180, el Ejecutivo dispuso restricciones a las contrataciones y nombramientos; limitó los pagos ocasionales en concepto de subsidio familiar; y prohibió la realización de nuevos llamados para la contratación de servicio de ceremonial y catering (bocaditos) y la compra de bienes de consumo de oficina e insumos, entre otros.

Con estas medidas adicionales, el Gobierno anunció que tendría un ahorro aproximado de USD 52 millones.

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