La profesional del derecho explicó que serán 100 los que presentarán sus escritos ante la Corte en la fecha, sumándose así a los 230 que ya lo hicieron la semana pasada.
Los contadores solicitan la nulidad de los decretos 6560/16 y 6910/17 del Poder Ejecutivo, y las resoluciones 104/16 y 121/17 de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
Según los escritos, estas cuatro normativas, pese a ser de menor jerarquía, contradicen y violan lo establecido en la Ley 2421/04 que crea el IRP, limitando dos aspectos del régimen: las inversiones que pueden ser deducidas y la compensación de las pérdidas fiscales.
Responsabilidad. Los accionantes solicitan también a la Corte que declare responsable de las transgresiones constitucionales a la ex viceministra de Tributación, Marta González Ayala, por extralimitarse en sus funciones.
La abogada patrocinante sostiene que el artículo 106 de la Carta Magna establece que ningún funcionario o empleado estatal está exento de responsabilidad, y en ese sentido, manifestó que al cambiar la reglamentación del IRP, la ex subsecretaria de Estado incurrió en extralimitación de sus funciones y violación de sus deberes como funcionaria pública.
La Administración Tributaria, por su parte, defiende la legalidad de las modificaciones reglamentarias hechas al régimen del IRP.
La nueva titular de la SET, Liz Del Padre, afirmó que los cambios se basaron estrictamente en lo que dice la Ley 2421/04. Si bien dijo que los contribuyentes están en su derecho al accionar, remarcó que no se puede desconocer la legislación en vigencia.