Economía

Sector privado ve poco avance en preparativos para examen de Gafilat

Falta de sanciones y lento avance del tratamiento de proyectos de leyes llevan a considerar que la única chance del país radica en mostrar voluntad de avanzar en formalización, según analistas.

Se perdió tiempo, la ciudadanía y el empresariado no están concienciados, y los proyectos de leyes más importantes ni siquiera fueron tratados con efectividad en el Congreso Nacional. Así describió César Barreto, ex ministro de Hacienda y directivo del Banco Familiar, al escaso avance que se ha logrado en los últimos dos años en cuanto a prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el país, con miras al examen que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aplicará al país dentro de dos meses.

“En esta cada vez mayor integración que estamos teniendo a nivel internacional, no solamente comercialmente, (sino) bastante más financieramente, requiere que pasemos a otros estándares de formalidad y transparencia”, expresó ayer el ejecutivo, al término del panel “rol del sector privado ante la auditoría de Gafilat”, organizado por el Pacto Ético y Cumplimiento (PEC) y la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana.

Consideró que la única chance importante que tiene Paraguay de pasar el examen y evitar su retorno a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), radica en que se muestre voluntad de todos los sectores (político, público y privado) de estar embarcados en un proyecto de mayor transparencia y formalidad.

“Resultados concretos nos va a tomar tiempo todavía poder demostrar. Se puede mostrar voluntad efectiva por ahí con algunos casos emblemáticos, con la aprobación efectiva de las leyes y que se fortalezcan las instituciones de control y supervisión, para que se note que estamos haciendo un esfuerzo por mejorar”, aseveró.

Waldo Roberto, director de Auditoría y Aseguramiento de Deloitte, advirtió que persiste la percepción de que las acciones de supervisión y control se limitan a un simple cumplimiento burocrático, sin que desemboquen en sanciones ni castigos significativos, especialmente en sectores como casas de empeño, inmobiliarias y ONG. “Todavía existe esa mala percepción de los entes regulados no financieros. Hay mucho por hacer, desde mayor intensidad en la regulación y el monitoreo por parte de la Seprelad”, recalcó.

Diego Martínez, director de Regulación y Estudios Sectoriales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), explicó por su parte que en caso de no aprobar el examen de Gafilat, Paraguay ingresará al grupo de países de “monitoreo intensivo”, mas conocido como lista gris. En este escenario, el sector privado se verá afectado a través de mayores obstáculos para el acceso al financiamiento externo y la inserción a los mercados internacionales.

“El GAFI exige que los países que están en esta lista tengan una diligencia reforzada, eso significa que la empresa internacional a la cual acude el empresario a pedir la representación le va a exigir mayor cantidad de documentación y elementos de juicio para generar ese lazo de confianza (...). Muy probablemente hay un costo de oportunidad y que esa empresa internacional prefiera trabajar con un país, con un empresario, que no le genere esa cola de pasar inclusive a ser él también observado por su actividad con un país en lista gris”, sostuvo.

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Paquete de proyectos de leyes sigue en discusión
Diego Martínez recordó que la no tipificación de la evasión de impuestos como delito precedente de lavado de dinero, uno de los puntos más polémicos en la discusión actual del paquete de proyectos de leyes presentado por el Poder Ejecutivo al Legislativo, fue el elemento que llevó a Panamá a retornar a la lista gris, bajo observación intensiva del GAFI.
Informó al respecto que continúa el debate en la Cámara de Senadores y consideró que todavía se está a tiempo de avanzar en este tema. Otros puntos en análisis son delitos como la mala utilización de información privilegiada, el cohecho local e internacional, que deben formar parte del Código Penal. La Ley de beneficiario final, mediante la cual se pretende saber quiénes son los propietarios de los negocios, la que establece el congelamiento de activos y la nómina local de terroristas son otros aspectos en estudio.

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