Salir a la calle en estos días —además de ser una práctica todavía limitada y en muchos casos largamente postergada en el contexto de la pandemia de Covid-19— constituye también un episodio de aventura extrema.
Además del riesgo de exponernos al contagio del coronavirus, que persiste aún con los avances de la vacunación cada vez más extendida, también implica estar a merced de robos y asaltos en la vía pública.
Así también la ciudadanía se ve expuesta a diversas posibilidades de ser víctimas de accidentes de tráfico, tanto por la irresponsabilidad de muchos conductores que no respetan las normas de tránsito, como por la casi total ausencia de control policial y de otros agentes de seguridad en las calles, que hace que en la práctica impere una especie de ley de la selva y se imponga la más absoluta impunidad en varios aspectos.
La ignorancia y la falta de responsabilidad, así como la falta de un control más estricto, permiten que persistan las aglomeraciones de personas, las fiestas clandestinas, el relajamiento del uso de tapabocas y de medidas sanitarias, manteniendo todavía un alto número de contagios del Covid-19 y la saturación de hospitales y centros de salud.
En estas últimas semanas, se reporta que ha ido en aumento la cantidad de accidentes de tránsito. Varias familias paraguayas se han visto enlutadas por accidentes terribles con derivación fatal.
A ello se suman las oleadas de robos y asaltos violentos en la vía pública, también con consecuencias de graves heridas y muertes, que engrosan además las estadísticas de pérdidas humanas causadas por el Covid-19.
No hace falta mencionar con nombres y apellidos algunos de los episodios que recientemente han generado mucho impacto a través de los medios de comunicación, generando dolor en tantas familias y en gran parte de la sociedad.
Aunque parezcan hechos diferentes, todos estos episodios trágicos tienen un denominador común, que es la falta de políticas de seguridad ciudadana, tanto de parte del Gobierno central, como de las gobernaciones y los municipios, que sean capaces de combinar acciones eficaces de educación y prevención con sistemas de mayor control en las calles y adecuadas sanciones a quienes incumplan la ley y pongan en peligro a los demás.
Hasta ahora, las respuestas siguen siendo puramente las de intentar apagar incendios, lo cual ni siquiera se logra, a través de acciones policiales meramente represivas, que además siempre llegan muy tarde.
Además de diseñar una acción preventiva con más presencia de agentes de seguridad en las calles, que, en lugar de chantajear a los ciudadanos para exigir coimas, sepan imponer autoridad y respeto a las leyes con un proceder democrático y educativo, es importante diseñar políticas integrales de seguridad, que tengan en cuenta la activa participación ciudadana.
Urge evitar que salir a la vía pública tenga que ser un desafío permanente a la diosa fortuna, que cada vez cobra más tributos de dolor y muertes. Poder vivir en un ambiente de seguridad y protección es un derecho y una garantía que las autoridades deben brindar a la población.
