De una pérdida de casi 70% de la cosecha sojera que se registró en el ciclo agrícola anterior, el sector productivo apunta ahora a una “campaña de recuperación”, cuyos rendimientos se medirán con la recolección de granos que se extenderá hasta febrero del 2023. El objetivo es alcanzar al menos 10,5 millones de toneladas.
Las entregas a los centros de acopio y exportadores se van comprometiendo mientras avanza el desarrollo de los cultivos y los precios a futuro convenzan a los productores de proceder a la venta anticipada.
Sin embargo, el proyecto de ley que prorroga el vencimiento por un año y prohíbe aplicación de multas a los contratos de entregas de granos de la zafra pasada, así como la propuesta que suspende temporalmente el pago de regalías por el uso de biotecnología, causan incertidumbre y como consecuencia los contratos están paralizados, afirmó el presidente de la UGP, Héctor Cristaldo. “Esto impacta con fuerza en los contratos a futuro. Ese tipo de contratos habilita al productor a colocar en el mercado su próxima producción, asegurando un precio y, sobre esa base, emprender la próxima siembra”, explicó.
Legislativo. Por su parte, uno de los proyectistas, el diputado Colym Soroka, dijo que en realidad el 40% de los productores no están en condiciones para afrontar la campaña sin estos apoyos. Se quejó de los gremios productivos por pronunciarse públicamente sin haberse comunicado y manifestado sus argumentos a la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja, presidida por el legislador colorado por Itapúa, que además es el segundo departamento con mayor superficie de siembra.
El proyecto sobre regalías ya habría fracasado en 2020 cuando fue archivado por el Senado.
En medio de una exitosa siembra de la soja, dos proyectos de ley que intervienen en los contratos entre productores, acopiadores y exportadores generan discusiones en el sector.