La Ley de Consolidación Económica y Contención Social, más conocida como Ley de Reactivación 2.0, prevé una decena de medidas de racionalización del gasto buscando redireccionar USD 90 millones para planes sanitarios y sociales. El documento será presentado al Congreso en los próximos días.
De acuerdo con la presentación hecha días atrás por las autoridades del Ministerio de Hacienda, se contemplan las prohibiciones para servicios de cáterin, la compra de equipos de transporte y la modificación de estructuras orgánicas que impliquen mayor carga al Tesoro; así como las suspensiones del retiro voluntario, de los procesos de desprecarizaciones, los aumentos salariales, y los nuevos nombramientos y promociones.
Asimismo, el planteamiento incluye el diferimiento de obligaciones no esenciales y daría amplia potestad a la cartera fiscal para aplicar otras medidas, como descuentos a funcionarios que ganan más de G. 10 millones e incluso la suspensión del aumento a los docentes (ver la infografía).
“La idea es restringir donde hay espacio y dar autorizaciones amplias al Ministerio de Hacienda para tomar otras medidas que se puedan requerir según las circunstancias y la coyuntura en la que nos encontremos”, expresó el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, al momento de agregar que la idea es que estas medidas empiecen a aplicarse ya desde julio.
AVANCE. Hacienda empezó la semana pasada a socializar este proyecto de ley, con la idea de recoger sugerencias, hacer una revisión final y remitirla al Congreso en estos días.
La normativa tendrá tres pilares: salud, programas sociales y apoyo al sector empresarial. Entre las principales medidas están la exoneración de servicios básicos, los refondeos al IPS y al Fogapy y un subsidio del 50% del salario mínimo para trabajadores formales, entre otros. La ley tendrá un costo de USD 365 millones.
