Aun en la Región Oriental, donde el suelo tiene mayor solidez para enfrentar los ataques de la deforestación, el corte de árboles a gran escala deja secuelas irreparables en el clima y la calidad de vida de las personas. Con más razón en el Chaco –que está asentado sobre el territorio que se cree fue un fondo de mar alguna vez–, que a simple vista presenta un aspecto de mayor fragilidad.
Ante esa realidad, ir desnudando de árboles su suelo para dejarlo a expensas de un ecoclima que durante seis meses es sumamente seco y en el resto con lluvias más o menos abundantes, es exponerlo a un futuro desolador. Si para los legos en materia de conservación de ecosistemas en el mundo cae de maduro que un territorio se resguarda de la erosión y sus consecuencias manteniendo los árboles y reforestando, con más razón tiene que ser para los expertos en preservación de este tipo de riqueza.
Por eso –suponiendo que esté incluido en el segundo grupo, aunque por sus expresiones hay que ponerlo en duda– es inadmisible que el ministro de la Secretaría del Ambiente, Ariel Oviedo, le reste importancia a la depredación criminal que sufre el Chaco diciendo que solo hay “cambio de planes de uso” del suelo, para agregar luego que “habría que diferenciar la ilegalidad o no” de esa actitud.
Como ex legislador debería saber que una cosa es lo legal y otra lo legítimo. Lo legal se acomoda a la voluntad humana, en este caso de parlamentarios inconscientes de la gravedad de deforestar, pero lo legítimo atañe a lo sustentable y a lo que contribuye a un mayor bienestar de las personas afectadas por determinadas acciones.
El informe de la oenegé Guyra Paraguay tendría que alarmar al país entero: 334 hectáreas de árboles diarias que sucumben ante la fuerza de los tractores y sus cadenas puede implicar, en corto tiempo, un inmenso Chaco despoblado de lo que le da a su vida un razonable estado de salubridad.
Los criminales que cercenan en minutos plantas que han alcanzado su porte en muchos años no piensan en el futuro de indígenas, estancieros, menonitas y todas las personas que viven actualmente en el hábitat chaqueño. Solo persiguen el lucro inmediato. Luego de reducir el suelo a arena, se mandarán mudar dejando a las personas en la miseria más absoluta.
Ni las autoridades –si es que algún resto de patriotismo tienen– ni la sociedad civil consciente de esta situación pueden permitir que prosiga el crimen ecológico que cotidianamente se perpetra en el Chaco. Es necesario tomar urgentes medidas para frenar el avance de los depredadores que a costa de la riqueza de unos pocos destruyen velozmente el futuro del Paraguay.