La denuncia de una nutricionista, de que su firma habría sido escaneada para avalar documentaciones sobre el almuerzo escolar, por un monto de más de 8.000 millones de guaraníes, enciende las luces de alarma acerca de los procedimientos en este rubro.
La profesional expresó su preocupación por la gravedad de la situación, dado que sería directamente responsable en el caso de que algún niño enfermara debido a los alimentos proveídos.
Más allá del proceso penal que se ha iniciado en el ámbito de la Justicia, debe ser este caso un recordatorio de la seriedad, responsabilidad y transparencia que requieren los trabajos que se realicen en torno a la educación.
Nuestro país se encuentra muy rezagado en cuanto a la inversión que hace el Estado en la educación. De hecho, los datos son preocupantes, ya que apenas un 3,7% del PIB se destina a la educación, mientras que los organismos internacionales recomiendan que se ubique entre el 7 y el 9,8%.
Y es considerando esos datos que se puede afirmar que son inaceptables esas tristemente familiares imágenes de niños dando clases sin un techo, o bajo la sombra de un árbol, con un plato sobre las piernas, o sentados sobre un tronco, recibiendo el almuerzo escolar.
Las imágenes nos hablan precisamente de los grandes déficits de infraestructura, los cuales castigan solo a los niños más pobres del país.
El Estado debe proveer las condiciones necesarias para que los escolares puedan aprender. En el caso de la merienda y el almuerzo escolar, ambos constituyen una estrategia para combatir la deserción. Pero, además de proveer los alimentos, el Estado debe asegurarse de que los estudiantes reciban estos refuerzos alimenticios en condiciones dignas.
El almuerzo escolar no es una concesión que hace el gobierno de turno; no es un favor ni un gesto de grandeza. Es apenas uno de los mecanismos para intentar que niños y jóvenes permanezcan en el sistema educativo.
Es sabido que el almuerzo y la merienda que reciben en los centros educativos son para muchos escolares los únicos alimentos que toman durante todo el día.
Estos niños, que forman parte de la amplia franja de pobres extremos, tienen derecho a una educación que los saque de esa pobreza extrema. El Estado paraguayo debe velar porque sean respetados sus derechos, y uno de ellos es que se respete su dignidad.
Las denuncias realizadas respecto a la licitación del almuerzo escolar, precisamente en zonas muy empobrecidas y necesitadas, tienen que ser aclaradas. Es inaceptable que las autoridades consientan o permitan hechos irregulares cuando hay miles de niños aguardando por un alimento, el cual puede marcar la diferencia para su futuro.
La educación es un derecho ciudadano y es fundamental para el desarrollo del país. Urge un compromiso de todos, del Gobierno y de la sociedad civil, para lograr el objetivo de una educación de calidad; y un paso decisivo será una óptima ejecución de los recursos disponibles y una lucha frontal en contra de la corrupción.