La Codehupy calificó lo acontecido como una de las mayores ilegalidades del actuar del Estado paraguayo en los conflictos de tierra.
“Marina Cué quedó marcada por un rojo vivo, la sangre derramada de 17 compatriotas, 11 campesinos y 6 policías. A la masacre le siguió la destitución controversial del entonces presidente de la República, Fernando Lugo, y un proceso judicial que, para justificar los hechos políticos, vulneró todo tipo de derechos y garantías de los campesinos y campesinas acusados”, señala.
Agrega que, a ocho años del citado conflicto, los campesinos sobrevivientes siguen reclamando la adjudicación titulada de las tierras en la zona, así como justicia y reparación para todas las familias afectadas por el fatal hecho que afectó a sus familiares.
Serie. Por último, la organización llamó al ejercicio ciudadano de la memoria, y en este contexto invitó a ver la serie de documentales producidos respecto al tema, denominado Curuguaty hoy, donde hablan sobrevivientes, familiares, analistas y actores estatales en función de gobierno, e incluye el testimonio de los campesinos y campesinas que estuvieron en prisión.
