25 abr. 2024

Sandra Quiñónez respalda a fiscal en caso Ramón González Daher e hijo

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, aseguró que está conforme con el desempeño del fiscal Osmar Legal en el marco de la causa contra Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, procesados por usura, lavado de dinero y denuncia falsa.

Juicio. Ramón González Daher junto a su abogada Bettina Legal durante el juicio.

Juicio. Ramón González Daher junto a su abogada Bettina Legal durante el juicio.

Foto: Archivo Última Hora.

El Ministerio Público, en sus alegatos finales del juicio en esta causa, solicitó la pena de 15 años para Ramón González Daher, y 7 años y cinco meses para su hijo Fernando González Karjallo.

“Estoy muy conforme con el trabajo del fiscal Osmar Legal y asistí para que sepa que cuenta con todo mi apoyo a su trabajo y al trabajo de su equipo”, resaltó Quiñónez, tras su presencia en el Poder Judicial.

La fiscala general del Estado reconoció que se trata de una causa compleja, donde están involucradas personas muy poderosas.

“Esta investigación llevó más de un año y medio, en el proceso se requirió pena privativa de libertad y el comiso de los bienes de los involucrados”, dijo la titular del Ministerio Público.

Más detalles: Fiscalía da alegatos finales contra Ramón González Daher ante presencia de diplomático de EEUU

El juicio en esta causa proseguirá con la exposición de alegatos finales de la querella y posteriormente de la defensa, tras lo cual se aguardará la determinación del Tribunal de Sentencia.

Según Fiscalía, Ramón González Daher se dedicaba a la concesión de préstamos a terceras personas con intereses mayores a lo establecido legalmente, aprovechándose de la necesidad de sus víctimas, solicitando garantías desproporcionadas y utilizando para dichos fines cheques y otros documentos de pago, que luego fueron introducidos al sistema financiero, siendo esta la principal actividad comercial de los acusados.

De las declaraciones juradas presentadas ante la SET, se desprende una inconsistencia en sus ingresos de G. 6.539.895.697.879, que no tienen respaldo documental y no es posible atribuir a alguna actividad lícita.

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