La primera mujer en liderar el Ministerio Público, que asumió en el 2018 y que culmina su periodo el 8 de marzo del 2023, tiene un largo historial de denuncias y resistencia. En mayo del 2020, afrontó por primera vez un pedido de juicio político, encabezado por el diputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Édgar Acosta. Pero solo le apoyaron nueve liberales. El resto, se alió con cartistas y abdistas. Hubo solo 18 votos a favor y 58 en contra.
Fue acusada con cuatro causales, dos de los cuales forman parte de los nueve del libelo acusatorio que se oficializa mañana. La primera fue el privilegio al empresario del Grupo Cartes, Karim Salum, para no cumplir la cuarentena a la que eran sometidos todos los demás ciudadanos; luego la falta de acción ante las irregularidades en la construcción de la obra del Metrobús; la deficiente investigación en el caso Curuguaty y la no clarificación de la muerte del joven liberal Rodrigo Quintana.
La segunda crisis, desde agosto del 2020, unió a toda la oposición, hubo manifestaciones y se pidió su cabeza, pero no se alcanzó ni la presentación oficial del libelo acusatorio porque era sabido que el rechazo sería un simple trámite, ya que las bancadas coloradas de la Cámara de Diputados, con 43 miembros, no darían su apoyo por nada del mundo y, por supuesto, los llanistas tampoco. El 1 de setiembre de ese año, la Mesa de Presidentes de Partidos de Oposición, encabezada por el titular del PLRA, Efraín Alegre, solicitó el juicio político.
Esta situación siguió hasta el siguiente año. En enero del 2021, la jueza Cynthia Lovera decretaba la prisión de Alegre por un caso de falsificación de facturas en su partido del 2018, lo que referentes de la oposición consideraron una persecución del cartismo. El 16 de febrero, tras 20 días en la Agrupación Especializada, salió en libertad.
Repudio. El 4 de febrero del 2021, la presión social por la destitución crecía y miembros de la sociedad civil se unieron y firmaron un potente comunicado, con al menos 70 referentes empresariales, artísticos y sociales, pidiendo su expulsión o renuncia. Firmaron Aramí O’Hara, Bruno Defelippe, Berta Rojas, Ana Brun, Ricardo Flecha, Verónica Serafini, entre otros. Pero el cartismo y aliados se fortalecían en su defensa e impedían que sea tocada a nivel político.
Señalan su preocupación ante el “grave deterioro institucional” a causa de una Fiscalía General “sometida a poderes fácticos”, cuestionando la impunidad en la corrupción pública. “Evidentes casos de corrupción, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito tuvieron investigaciones fiscales deficientes y condenas irrisorias que aseguran su impunidad”, expresa el texto.
La Fiscalía criminaliza demandas de derechos, castigando a los sectores más pobres.
Sociedad civil,
comunicado en 2021.
La Fiscalía salió a cazar ciudadanos en todo el país. La gran ausente del 2020 es la Fiscalía General del Estado.
Manuel Riera,
Colegio de Abogados.
Creemos que el éxito del juicio político con la separación de Sandra Quiñónez será cortarle un brazo a la mafia.
Efraín Alegre,
presidente del PLRA.
Las Cifras
53
votos se necesitan en la Cámara de Diputados, si están presentes los 80, para aprobar el juicio político, y 30 en el Senado.
8
miembros tiene la bancada llanista en Diputados y tienen en sus manos los votos decisivos para aprobar o rechazar el juicio.