Como forma de obtener redención, lo último que hizo la ex fiscala general Sandra Quiñónez, antes de dejar el cargo, fue abrir una causa penal contra el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, por supuesto prevaricato, luego de la denuncia del abogado Raúl Breuer. La cuestionada fiscala María Estefanía González fue asignada en el caso.
En diciembre del 2022 Breuer había presentado el reclamo ante el Ministerio Público contra el entonces ministro, ya que supuestamente rechazaba in límine acciones de inconstitucionalidad donde la contraparte era el presunto usurero Eduardo Elías Hrisuk. Según la denuncia, el hombre tendría protección del ex miembro de la Corte.
El abogado Raúl Breuer representa a casi cuarenta personas, que serían víctimas del esquema de Hrisuk, quien se habría quedado con propiedades de estas personas.
La denuncia también lo había hecho ante la Embajada de los Estados Unidos, solicitando a su vez que a Fretes también lo declaren significativamente corrupto.
El cuestionamiento del abogado es que la causa fue solo a una unidad ordinaria y no a una especializada, como la de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Breuer recusaría a la fiscala González por reparos al proceso investigativo.
FISCALA CUESTIONADA. La fiscala González es la misma agente que tiene a su cargo el caso Metrobús, que está a punto de prescribir. Fue denunciada recientemente con los demás fiscales de la causa por cajonear la investigación, tras cinco años de la denuncia.
Otro antecedente es que en el 2019 la agente fue criticada por el Ministerio de Industria y Comercio, Aduanas y la Unión Industrial Paraguaya, por supuestamente querer liberar una carga de azúcar, vinculado a un hecho de contrabando. Esto le costó el cargo en la Unidad Anticontrabando y fue enviada a una ordinaria.
CASO HIJAZI. Antonio Fretes, en los últimos meses como ministro, fue criticado y pidieron su renuncia, ya que surgieron denuncias que salpicaron a sus hijos.
Fue a raíz de eso que se conformó un equipo con las fiscalas Luz Guerrero, Natalia Silva y María Luján Estigarribia, donde el principal vinculado es el hijo de Fretes, el abogado Amílcar Fretes.
Desde noviembre del año pasado se investiga un contrato firmado entre Amílcar y el libanés Kassem Mohamad Hijazi, para que este obtenga “una salida jurídica” y que no sea extraditado. Habían acordado un pago de USD 368.000 para esto.
Ese documento había sido firmado en setiembre del 2021, cuando Hijazi (ahora preso en EEUU) estaba en prisión en nuestro país –por orden del fiscal Marcelo Pecci–, esperando su proceso de extradición a los Estados Unidos.
Inicialmente dijeron que ese contrato se incautó en una requisa, en mayo del año pasado, dos días después de la muerte de Pecci. Sin embargo, desde el Ministerio Público dijeron que desconocían dicho papel. En esta causa también están el hermano de Amílcar, Asdrúbal Fretes, el ex síndico de Quiebras Blas Velázquez y su esposa, la jueza Clara Isasi.
Otra denuncia ingresó en el 2022 contra el otro hijo
Asdrúbal Fretes, otro de los hijos del ministro recién jubilado, fue denunciado en el 2022 por supuestamente formar parte de una red de sociedades.
Fue el abogado Manuel Radice el que había denunciado ante la Fiscalía que se compró por USD 200 mil una mansión de USD 3 millones y un esquema de fraude en torno a la quiebra de bancos fue la protagonista.
Fue el cliente de Radice el que tuvo un revés, siendo “víctima del esquema de poder”. Este supuestamente fue despojado de una propiedad ubicada en el barrio Herrera de Asunción, “con maniobras dolosas” y que dicho inmueble fue vendido a la Importadora Roma SA.
Supuestamente, el vínculo del clan Fretes en torno a esta propiedad surge a partir de cómo se concretó la venta por una suma mínima y quedó como el administrador José Chechito López, socio de Asdrúbal Fretes.
Asdrúbal aparece como propietario de una casa de préstamos y está vinculado a un remate de inmuebles costosos a precios ínfimos.