La iniciativa tuvo el respaldo generalizado de la bancada de Honor Colorado, además del apoyo de oficialistas y liberales. La diputada Rocío Abed señaló que en Brasil se entregaron beneficios similares y declaró que el 86% del monto aprobado lo pagará Brasil, pero fue refutada por su colega Roberto González, quien le recordó que una ley paraguaya no puede obligar a Brasil.
Además, González advirtió que el proyecto es inaplicable porque viola el orden de prelación de las leyes, la irretroactividad, y la igualdad ante la ley. “Los reclamantes nunca han tenido un vínculo laboral con la entidad binacional. Los funcionarios directos ya fueron beneficiados”, contó.
A su tuno, el diputado Hugo Ramírez señaló que lo sancionado representará “la pérdida de doce años de inversión en gastos sociales”; en tanto que el liberal Jorge Ávalos Mariño insistió que lo pagado en Brasil fue a trabajadores directos de Itaipú. También la liberal Celeste Amarilla apuntó que Brasil no puede pagar beneficios que son para paraguayos y acusó que la propuesta aparece en medio de la búsqueda de votos por parte de los dos sectores principales del partido de Gobierno.
Por su parte, la encuentrista Kattya González explicó que existen derechos legítimos, que pueden surgir de relaciones jurídicas, pero esos derechos no se prolongan de manera indefinida. Dijo que la prescripción en este caso existe como un mecanismo de seguridad jurídica en las relaciones laborales. “Tienen derecho a peticionar, pero los derechos prescriben”, aseveró.
Inviable. El Ministerio de Hacienda ya había informado que el proyecto de ley es inviable, citando impedimentos no solo financieros, sino también jurídicos y sociales. Desde el punto de vista legal, el titular del Fisco y jefe del Equipo Económico Nacional, Óscar Llamosas, explicó que el Gobierno paraguayo no puede decidir sobre los ingresos de la binacional sin tener el visto bueno de Brasil, el dueño del otro 50% de la entidad. Adelantó que ve como “muy probable” el veto del Ejecutivo.
Recordó que la generación y la distribución de los ingresos que genera Itaipú se establecieron por tratados internacionales, los que están por encima de cualquier ley. Además, precisó que con recursos de la binacional se financian los presupuestos de municipios y gobernaciones, proyectos de infraestructura, así como programas de educación, becas y niñez, entre otros.
IB planteará inconstitucionalidad
El director general paraguayo de la Itaipú Binacional (IB), Manuel María Cáceres reiteró ayer, tras una reunión en el Senado, que en caso que la ley sancionada prospere la entidad planteará una acción de inconstitucionalidad contra la misma. La hidroeléctrica tiene una posición clara en oposición al reclamo, argumentando que las demandas de los ex trabajadores han sido rechazadas en todas las instancias, y hasta en el ámbito legislativo, insistiendo en que a la fecha “tienen el efecto jurídico de cosa juzgada”.
“La postura de Itaipú sobre la inviabilidad de lo planteado fue siempre categórica, estableciendo que los reclamos están prescriptos y quedando documentados en numerosos pareceres emitidos por la Dirección Jurídica de la entidad, en el mismo sentido”, había señalado la IB en un comunicado este año. En el mensaje, la entidad añadió que tampoco se puede proceder a ningún pago en forma unilateral por parte de la Margen Derecha.
15.000
ex trabajadores serán beneficiados en caso que la ley sancionada sea promulgada por el Poder Ejecutivo.