Sin mucho debate, la mayoría en el Senado decidió votar a favor de la aprobación y posterior sanción del documento girado por diputados.
Las comisiones asesoras que dictaminaron a favor del proyecto calificaron de factible la normativa y solicitaron el apoyo a la mayoría.
La normativa busca que se dé potestad al usuario de telefonía, a que decida por su cuenta si va a recibir o no algún tipo de publicidad.
Ya en la exposición de motivos del proyecto, el proyectista había dicho que para la elaboración consideró que en la actualidad no se tiene la posibilidad de contar con una herramienta que le ayude a decidir si quiere dejar de recibir propagandas.
De este modo, existen varias denuncias de descontento por parte de usuarios, por la arbitrariedad y el modo constante en que se recepcionan los mensajes, causando molestias e inconvenientes.
Indicó que dichas publicidades constituyen un gran negocio para las empresas, no así para los usuarios.
Ejemplo. El claro ejemplo del abuso de los mensajes ofreciendo promociones o directamente créditos monetarios, lo expresaron los mismos parlamentarios que, al igual que la ciudadanía, refirieron recibir estos mensajes de manera constante. También aparecen mensajes con promociones de productos o ventas de celulares sujetas a planes.
Acuerdo. El trámite del proyecto en ambas cámaras se dio en todo momento, con acompañamiento de las empresas de telefonía móvil que tuvieron reparos en que la normativa llegue a concretarse, pues está fuera del área de sus negocios.
Se añadió a la exposición de motivos que en la actualidad, la recepción de estos mensajes no acordados con la telefonía constituye una de las prácticas abusivas más comunes que se han implementado en los últimos tiempos.
El dispositivo móvil se ha convertido en el medio con que las empresas, con o sin autorización, pueden desplazar sus anuncios con la menor inversión y con la capacidad de llegar a más gente.
A mediados del 2016, se estimaba que en el Paraguay estaban activos alrededor de 1.500.000 teléfonos inteligentes, o sea, que uno de cada cinco habitantes tenía un celular de alta gama.
El proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que decidirá su veto o promulgación.
