“Esta es una señal clara, efectiva, concreta e inequívoca de que el país está abierto a la inversión privada nacional y extranjera”, declaró Rousseff durante la firma del contrato de concesión.
El consorcio que se adjudicó el campo de Libra está integrado por Petrobras (40 %), la francesa Total (20 %), la anglo-holandesa Shell (20 %) y las chinas China National Corporation (10 %) y China National Offshore Oil Corporation (10 %).
Libra está considerado como el mayor yacimiento petrolero de Brasil, se calcula que atesora reservas recuperables de 8.000 a 12.000 millones de barriles y está situado en aguas profundas del océano Atlántico, a 183 kilómetros de la costa de Río de Janeiro.
Según Rousseff, la concesión de ese campo a la iniciativa privada ratifica el interés de su Gobierno en contar con empresarios que “quieran invertir” tanto en petróleo, como en carreteras, puertos, aeropuertos y otras infraestructuras.
La presidenta destacó la capacidad tecnológica de Petrobras, que llevó al descubrimiento del llamado presal, un nuevo horizonte de hidrocarburos en el que se sitúa el campo de Libra, el mayor de diversos yacimientos que, en conjunto, pudieran contener hasta 80.000 millones de barriles de crudo.
“Sin duda, el descubrimiento del presal fue el mayor de la última década en el mundo del petróleo”, afirmó.
El consorcio ganador fue el único que se interesó en la subasta y pagará un canon de 15.000 millones de reales (unos 6.900 millones de dólares) al Estado, que además recibirá el 41,65 % del petróleo excedente una vez descontados los costes de producción.
Rousseff subrayó que, el dinero que recaude el Estado mediante esa concesión petrolera será destinado a inversiones en educación y salud y a la constitución de un “fondo social estratégico”, que será una “garantía para la mejora de la calidad de vida” de la sociedad brasileña.
El ministro de Minas y Energía, Edison Lobao, presente también en el acto, destacó además que el desarrollo del campo de Libra será un factor generador de “millones de empleos” directos e indirectos.
Según las condiciones de la licitación, al menos el 59 % de los equipos y servicios utilizados para la explotación del yacimiento, incluyendo plataformas marinas, gasoductos y equipos submarinos, deberá ser fabricado en el país.
