La empresa estatal alega que prefiere tomarse su tiempo y no apresurarse para instruir sumario por el caso de robo de bolsas de cemento. Su titular, Ernesto Benítez, comentó que se está trabajando para ubicar en el circuito de sustracción a los empleados que ocupaban distintos puestos de trabajo.
Explicó que por un lado están los funcionarios directamente operativos de la zona de expedición y báscula, pero por otro están los superiores inmediatos, quienes deben supervisar la labor de sus subalternos. Estos aparentemente no se percataron de las irregularidades, a pesar de tener acceso inmediato a los documentos probatorios de las operaciones. De acuerdo a Benítez, como mínimo hubo negligencia en este sector.
Ya fueron apartados de sus cargos por el caso nueve funcionarios, más de la mitad están en la categoría de permanentes y serán incluidos en el sumario administrativo, el cual igualmente quedará suspendido hasta que la investigación fiscal culmine. Sin embargo, la ley no contempla el mismo proceso para los contratados, pues estos son directamente desvinculados.
Al respecto, el presidente de la INC mencionó que como los acuerdos vencen a fin de mes, la empresa aguardará hasta entonces y decidirá no renovar los contratos a las personas sospechosas de participar del esquema de sustracción de bolsas de cemento, aunque no precisó cuántos empleados están en esta situación. Paralelamente la cementera prepara documentos para entregar a la Fiscalía como planillas y flujograma de trabajo, pero también se realiza la pericia del sistema informático y se analizarán los cruces de llamadas. Aunque todavía se desconoce el daño total, se estima que cada día salía irregularmente un camión con 600 bolsas cargadas de cemento.