Política

Rivas y Portillo van de vacaciones y cierran el año gozando impunidad

Pese a estar imputados por hechos de corrupción, ambos diputados se salvaron de perder su investidura en connivencia con sus colegas. Pese a reclamo ciudadano, no hay castigo político.

Mañana se realiza la última sesión de la Cámara de Diputados antes del receso parlamentario que se inicia el 21, y con eso se cierra el año de impunidad para el colorado Tomás Éver Rivas y el liberal Carlos Portillo. Ambos parlamentarios, en complicidad con sus colegas, cierran nuevamente un año sin que siquiera reciban un castigo político.

Rivas está imputado por la Fiscalía Anticorrupción por hacer figurar a tres empleados particulares suyos como funcionarios de la Cámara de Diputados, a pesar de que en realidad no prestaban servicio alguno al Estado.

Además, el Ministerio Público imputó en mayo pasado a los tres caseros del legislador cartista: Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Antonio Franco González.

La imputación al legislador y sus empleados es por los delitos de cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. Solamente el delito de estafa tiene un marco penal de hasta cinco años de cárcel.

Sin embargo, el proceso contra Rivas no puede continuar, porque el mismo apeló el pedido de desafuero que pesaba en su contra y sus colegas simplemente decidieron no tratar el tema.

En el caso de los caseros, la Fiscalía los acusó en noviembre pasado y solicitó que los mismos enfrenten un juicio oral y público por haber cometido los delitos de estafa y cobro indebido de honorarios.

De esta manera, los trabajadores privados que cobraban como funcionarios públicos gracias a la influencia del diputado cartista irán a juicio, mientras que el legislador por medio de chicanas jurídicas logra quedar impune.

Portillo. En cuanto a la situación de Carlos Portillo, la fiscala anticorrupción Liliana Alcaraz imputó al diputado por el supuesto hecho punible de tráfico de influencias. Además solicitó que afronte juicio oral y público. El caso se abrió luego de filtrarse conversaciones que evidencian la supuesta intromisión del legislador en los casos judiciales tramitados en los tribunales de Alto Paraná.

Sobre el dirigente liberal pesan varios pedidos de pérdida de investidura, pero que con innumerables excusas no fueron tomados en cuenta por la mayoría de sus colegas.

Una de las primeras argumentaciones para no tratar este castigo político es que no existe una reglamentación del artículo 201 de la Constitución Nacional que hace referencia a la pérdida de investidura, debido a que la que existía fue derogada.

Ante esta situación, y con la intención de seguir dilatando el tema, hasta cerrar nuevamente el año, los diputados decidieron la conformación de una comisión especial que estudie si la reglamentación debía ser vía ley o por cada caso una reglamentación interna. Con esto Portillo tuvo varias semanas de respiro, ya que la comisión culminó su trabajo sin poder consensuar y presentó al pleno dos proyectos de ley.

Colorado con caseros de oro
La imputación al legislador y sus empleados es por los delitos de cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.

Liberal trafica influencias
El diputado liberal Carlos Portillo, quien se jacta de poseer varios títulos, fue imputado por la Fiscalía por los delitos de tráfico de influencia, cohecho pasivo agravado, soborno y asociación criminal. Además, la Fiscalía solicita el desafuero del parlamentario.

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