Política

Rivas afirma que no reconoció delito como lo hizo Ibáñez

 

El diputado colorado Tomás Rivas fue imputado por el fiscal anticorrupción Luis Piñánez por estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, por hacer figurar a tres empleados particulares suyos como funcionarios de la Cámara de Diputados. Fue tras una investigación periodística publicada por Última Hora.

Rivas copió exactamente a su correligionario y ex colega José María Ibáñez y ante el temor de llegar a juicio oral, hasta ahora chicanea su proceso y ni siquiera su desafuero puede ser tratado por el pleno.

Sin embargo, Rivas y sus abogados sostienen que no se puede decir que ambos casos son calcados y realizaron una diferenciación “entre los casos Ibáñez y Rivas”.

En uno de los puntos citan que: “En la causa Rivas no se reconoce haber cometido ningún delito, es una causa abierta donde cada uno de los imputados se encuentra ejerciendo su defensa”. Pero cabe recordar, y como un caso inédito, que después de que el juez competente haya solicitado el desafuero de Rivas, el caso quedó estancado, pues con la resolución del desafuero, la misma fue apelada a través de un recurso de reposición, que fue utilizado como excusa en la Comisión de Asuntos Constitucionales para no dictaminar sobre el pedido y que hasta la fecha no pueda ser analizado por el pleno.

Rivas consiguió que Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Franco González fueran contratados en la Cámara de Diputados. Uno fungía supuestamente de secretario privado y los otros dos cumplían las funciones de chofer. Otra diferencia que señalan con el caso Ibáñez “es que otros funcionarios de la sede parlamentaria prestaron declaración testifical ante el fiscal interviniente”.

Pero esta situación también se dio con Ibáñez, donde varios de los funcionarios de la Cámara Baja actuaron como testigos, pero que la Fiscalía posteriormente pudo demostrar que mintieron y que si se llegaba a un juicio oral iban a ser acusados por obstrucción de la justicia, situación a la que no se llegó porque Ibáñez reconoció el delito para no llegar a juicio.

Mencionan que los funcionarios de Rivas cobraron el 100% de su salario, mientras que los de Ibáñez no cobraban el 100% de lo establecido con el contrato. No obstante, al igual que Ibáñez sus contratados no cumplían funciones en la Cámara, sino en sus establecimientos particulares.

Aseguran que el hecho de firmar planillas de asistencia no constituye delito y que en el caso de Ibáñez se presentaron múltiples elementos de pruebas como ser filmaciones, pero en el caso de Rivas también existen pruebas, de los contratados realizando tareas en los establecimientos privados del legislador y que nada tienen que ver con el supuesto trabajo que deberían realizar como funcionarios de la Cámara.

Rivas y sus abogados buscan por todos lados desmarcarse de cualquier similitud con el caso Ibáñez, quien finalmente renunció al no aguantar la presión ciudadana.

Asimismo hacen todo lo posible por frustrar la investigación al no permitir el desafuero.

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