Política

Riquelme obtuvo en un juicio por usucapión las tierras en conflicto

La propiedad donde se originó la masacre en Curuguaty entre policías y campesinos ocupantes, actualmente a nombre de la firma Campos Morombí SAC y Agropecuaria, perteneciente al exsenador colorado Blas N. Riquelme, es reclamada como tierra del Estado tanto por la Procuraduría General de la República como por el propio Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

Las instituciones mencionadas y la Comisión Verdad y Justicia (CVJ) sostienen que el inmueble en cuestión fue donado por La Industrial Paraguaya SA al Estado paraguayo, siendo aceptada esta donación por Decreto 29366 del 6 de setiembre de 1967, y, por Decreto 3532, el Estado paraguayo incluso lo declaró de interés social y lo destinó para la reforma agraria, transfiriendo la propiedad al Indert a título gratuito.

El Indert planteó en el 2004 un juicio de mensura sobre las tierras, pero actualmente el juicio está varado en la Cámara de Apelaciones por otra acción interpuesta por la empresa de Riquelme, según manifestó el interventor del Indert, Emilio Camacho.

El inmueble en conflicto está ubicado en el lugar individualizado como Yvyra Pytã, del distrito de Curuguaty, en el Departamento de Canindeyú, que es un desprendimiento de la finca madre n.º 30 del distrito de Hernandarias, Alto Paraná. La fracción tiene una superficie de 1.748 hectáreas.

ORIGEN. La empresa de Riquelme obtuvo las tierras al ganar un juicio caratulado "Campos Morombí contra La Industrial Paraguaya SA (Lipsa) sobre usucapión" en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Curuguaty, a cargo del juez Carlos Goiburú, y gracias a la Sentencia n.° 97 del 21 de diciembre de 2005, que hace lugar a la usucapión, ordenando la inscripción a nombre de la empresa.

La empresa administra la zona como una reserva natural privada, reconocida en el año 2001 mediante el Decreto n.º 14910 del Poder Ejecutivo, que reconoce la Reserva Natural Privada Morombí como un área relevante para la protección de la diversidad biológica del ya amenazado Bosque Atlántico del Alto Paraná.

La Procuraduría presentó una acción autónoma de nulidad en el 2010 y obtuvo una resolución del juez Alberto Martínez Simón, para que la empresa no disponga del terreno.

El informe de la Comisión Verdad y Justicia habla de ciertas irregularidades en el juicio de usucapión que otorgó las tierras a Riquelme.

"En el juicio se han observado múltiples irregularidades y falsedades, como el no haber dado intervención a la Procuraduría General de la República ni haber abonado las tasas judiciales en su iniciación", señala el texto del Informe Final de la Comisión Verdad y Justicia. El informe dice que las tierras son del Estado y que el artículo 1993 del Código Civil dice que "las tierras del dominio privado del Estado y de los entes autónomos del Derecho Público no pueden ser adquiridas por usucapión".

Otro dato interesante del informe indica que por escritura pública n.° 675 del 31 de diciembre de 1969, ante el escribano público Ramón Zubizarreta, Riquelme adquirió para su firma Campos Morombí 50.000 hectáreas de La Industrial Paraguaya SA.

Baño de sangre en Curuguaty

El Estado, a través de la Procuraduría y el Indert, reclama por vía judicial la propiedad del inmueble de 1.748 hectáreas, alegando que le fue donado por La Industrial Paraguaya hace mucho tiempo.

OTROS DOS CASOS

El informe de la Comisión Verdad y Justicia señala otros dos casos de supuestas adquisiciones irregulares de las tierras del exsenador colorado Blas Riquelme; dos lotes en Curuguaty obtenidos del entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR) por dos personas de la empresa Campos Morombí. En el informe de la Comisión figura que el 6 de noviembre de 1974 Carlos J. Santacruz, por un lado, y Rodolfo Scolari, por otro, (ambos miembros de Campos Morombí) fueron adjudicados por el IBR con 1.155 ha. con 7.832 m² y 1.175 ha. con 138 m², respectivamente, y luego ambas propiedades pasaron a nombre de Riquelme el 23 de abril de 1975.

La observación del informe es que la adjudicación violó varios artículos del Estatuto Agrario de entonces, contemplado en la Ley 854/63, y fundamentalmente señala que ni los adjudicados ni Riquelme eran beneficiarios de la reforma agraria.

El texto cita el artículo 2 donde se preconiza el rol social y señala como beneficiarios a la población campesina y, por otro lado, como no beneficiarios, citando el artículo 15, a propietarios de tierras rurales, como era Riquelme.

"Las adjudicaciones hechas por el IBR y los respectivos títulos de propiedad son nulos de nulidad insanable. Así deben ser declarados por el juez para que luego los inmuebles vuelvan al dominio del Estado", sentencia.

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