Política

Rige disposición que fija plazos y medidas para la prisión preventiva

Ejecutivo promulgó leyes que modifican el Código Procesal Penal. El juez determinará si la persona puede obtener o no medida alternativa a la prisión. Hay nuevas reglas para los plazos procesales.

El presidente Mario Abdo Benítez promulgó ayer las dos leyes que modifican artículos del Código Procesal Penal para evitar colapso del sistema judicial, ante las nuevas reglas establecidas con la prisión preventiva.

La primera es la Ley N° 6350 que modifica el artículo 245 del Código Procesal Penal, que establece que los jueces determinarán si la persona puede obtener o no las medidas alternativas a la prisión, informó el asesor legislativo, Hernán Huttemann, tras la decisión tomada por el jefe de Estado.

El Ejecutivo argumentó que el objetivo es volver al texto original de la Ley N° 1286/98 con algunas variantes. En lo esencial excluye la prohibición de concesión de medidas alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva en los hechos punibles tipificados como crímenes que resultaba inconstitucional.

“Implica el desafío de su implementación inmediata por el probable colapso que generarían masivas revisiones de medidas cautelares y resoluciones fictas, una vez que entre vigencia la citada reforma”, señala el texto presidencial.

Huttemann agregó que la idea es volver la redacción original que preveía que sea el juez el que determine que la persona obtenga o no las medidas alternativas a la prisión. “A diferencia de la redacción que estaba vigente, establecía que en caso de crímenes la persona tenía que ir directamente a la prisión. Eso se suprimió y será el juez el que determinará en cada caso si corresponde o no otorgar medidas alternativas”, significó.

La modificación del artículo 245 no es una ley temporal.

plazos procesales. La segunda Ley, la N° 6353, modifica los artículos 129, 141 y 251, que guardan relación a plazos procesales. Esta regirá hasta el 31 de enero de 2020.

El asesor presidencial señaló que esperaron hasta último momento que permite la Constitución para la promulgación. La Cámara de Senadores sancionó el jueves, durante la sesión ordinaria.

“Íbamos a tener el problema que si se modificaba solamente el artículo 245 se iba a dar un colapso en el sistema e íbamos a tener libertades masivas por resolución ficta”, aseveró.

Sostuvo que si no se modificaban estos tres artículos del Código, que establece los plazos procesales para la resolución ficta, prevé que cuando una persona está privada de libertad solicita o presenta un recurso de revisión, el juez dentro de las 48 horas debe convocar y tiene que decidir inmediatamente. Si no lo hace, la persona imputada solicitará un urgimiento y si dentro de las 24 horas no toma la decisión, quedará en libertad.

Había una estimación de que alrededor de 3.000 personas iban a presentar recursos de revisión y prácticamente a la vez iba a generar un colapso y se iba a producir una serie de libertades masivas.

“Ahora lo que se hizo es que en vez de que el juez en 48 horas tenga que traer a la persona y convocar a una audiencia, se pasó a cinco días hábiles y si se presenta un urgimiento de pronto despacho para la resolución ficta, tengan que pasar en vez de 24 horas, 10 días hábiles. Es la diferencia principal con la que se buscó equilibrar y no ir en contra del espíritu del proyecto”, explicó Huttemann.

Esta modificación de los tres artículos sobre los plazos procesales tendrá vigencia hasta el 31 de enero de 2020. Es una ley provisoria.

La decisión tomada por las autoridades de los tres poderes se dio luego de que estalló la crisis penitenciaría que urgió la declaración de emergencia para atender la demanda de mejorar la infraestructura y solucionar la situación de hacinamiento en las cárceles. Hay un abandono de mas de 20 años. La masacre en la penitenciaria regional de San Pedro terminó con la remoción de varias autoridades penitenciarias. Desnudó la situación de corrupción que mantiene el sistema.

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