La defensa de directivos de la Azucarera Iturbe SA tuvo un revés en su segundo intento de hacer cancelar la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR), que impulsa la quiebra fraudulenta de la empresa y busca recuperar, en calidad de acreedor de privilegio, 15.000 millones de guaraníes que el Estado destinó al pago de una deuda de la empresa con trabajadores, transportistas y productores de la fábrica ubicada en Iturbe, Departamento del Guairá.
El abogado de la firma, Luis Caballero Krauer, ya había impulsado ante el agente síndico de quiebras del segundo turno, Camilo Benítez, el desistimiento de la convocatoria de acreedores, como también el pedido de cancelación de personería de la Procuraduría en este proceso.
En ambos casos, el nombrado agente se expidió en contra.
Luego, en medio de las recusaciones y el expediente en manos de la jueza del noveno turno Mafalda Cámeron, Caballero Krauer volvió a plantear las mismas acciones.
Esta vez el caso pasó a manos del nuevo síndico de quiebras del segundo turno, Julio César Agüero, quien respondió a la magistrada que ya no se expediría sobre el caso de desistimiento de la convocatoria de acreedores, pero sí sobre la cancelación de la personería de la PGR solicitada.
En este orden, Agüero dice que la Procuraduría está ejerciendo su función bajo fundamento constitucional de defender los intereses patrimoniales del Estado y que en este caso se da como acreedor privilegiado justificado con las instrumentales agregadas y obrantes en autos.
Apunta que la intervención que se le otorgó a la PGR ha quedado firme y consentida, por lo cual “mal podría atacarse hoy y solicitar su cancelación”. El proceso hoy está a cargo del juez Walter Mendoza.
