Política

Resaltan ignorancia de juez para sostener blanqueo a ZI

 

La Coordinadora de Abogados del Paraguay denunció que los argumentos para sostener el blanqueo al senador Javier Zacarías Irún son “endebles” y se basan en la ignorancia de los magistrados sobre el concepto de funcionario.

El legislador de Honor Colorado fue favorecido por una resolución del juez Marino Méndez, quien en primera instancia decidió rechazar la reapertura del caso por supuesto enriquecimiento ilícito. El Ministerio Público apeló la medida, pero un Tribunal falló en contra y la causa quedó archivada definitivamente, blanqueando al legislador. El argumento fue que Zacarías no era funcionario, porque prestaba sus servicios ad honórem.

Sin embargo, los denunciantes retrucaron este fundamento alegando que la Convención Interamericana Contra la Corrupción refiere que por función pública se entiende como “toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”. Mientras que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción define al funcionario público como “toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo”.

Javier Zacarías Irún se desempeñó como asesor jurídico ad honórem de la Municipalidad de Ciudad del Este hasta la destitución de su esposa, el 7 de febrero de 2019. Por tanto, los denunciantes afirman que fue funcionario público hasta ese día. “Por lo que consideramos que las resoluciones indicadas no se corresponden con la verdad y atentan directamente contra nuestro orden normativo y los pactos internacionales vigentes”, aseveran los abogados en un pronunciamiento.

Igualmente, consideran que se deben respetar las convenciones internacionales. “El Ministerio Público y el Poder Judicial deben poner en marcha todos los mecanismos que fueran necesarios para erradicar la corrupción y la impunidad en el país”, expresa.

Según los antecedentes, la Coordinadora de Abogados denunció al senador Zacarías Irún el 21 de junio de 2017 por la supuesta comisión de hechos punibles de enriquecimiento ilícito en la función pública. El 13 abril de 2018 la fiscala Yolanda Portillo se ratificó en su pedido de desestimar la denuncia, por prescripción, y fue archivada.

Los fiscales Josefina Aghemo y René Fernández el 29 de marzo de este año solicitaron la reapertura de la causa penal. “Por disposición fiscal, llamativamente, la denuncia fue acumulada a la causa caratulada ‘Sandra McLeod de Zacarías y otros s/ Lavado de Dinero y otros’, que fuera presentada por los abogados Yolanda Paredes, Nicolás Russo, Eugenio Guerín y Miguel Ángel López”, resaltan los denunciantes, que exigieron una aclaratoria y acusaron a los jueces de complicidad.

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