Editorial

Replantear planes de seguridad para proteger a la ciudadanía

La creciente ola de violencia criminal obliga a replantear las políticas de seguridad para brindar protección a la ciudadanía. La propuesta del presidente Mario Abdo de enmendar la Constitución Nacional para permitir que los militares formen parte del sistema de seguridad interna es una idea que no reúne el consenso en el ámbito legislativo, donde debe definirse si se realiza o no una enmienda. Cuando de traslado de presos se trata, también surge el planteamiento de que los militares puedan sumarse a la custodia en el caso de los de alta peligrosidad. Son varios los planteamientos que se deben tener en cuenta para reformular planes y dejar de actuar poniendo parches ante cada crisis que se pone de manifiesto.

La inseguridad en las calles se ha vuelto uno de los temas más sentidos por la ciudadanía y uno de los flancos más débiles del gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, incapaz de contener la creciente oleada de violentos robos y asaltos producidos en las últimas semanas. Al cinematográfico ataque de tipo comando, llevado a cabo por un grupo mafioso a un convoy penitenciario —que logró rescatar al capo narco Jorge Samudio, alias Samura—, han seguido varios nuevos casos de crímenes violentos.

Ni los miembros del Gobierno ni los legisladores y demás miembros de la clase política consiguen dar respuestas efectivas hasta el momento. Un amplio sector de la ciudadanía reclama la salida del ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, pero como él mismo lo ha advertido, un simple cambio de figura al frente de la estructura no significará modificaciones en la problemática. El lunes la Cámara de Diputados llevó a cabo una sesión extraordinaria para debatir la situación, pero además de mucha catarsis, prácticamente, no se articularon propuestas que puedan ser implementadas en un corto tiempo para dar soluciones.

Uno de los puntos que más generan reacciones encontradas en la sociedad es la intención del presidente Abdo de enmendar la Constitución para dar facultades a las Fuerzas Armadas para que se involucren en la seguridad interna y actúen en la guerra contra el crimen organizado. A pesar de que en otros países se han llevado a cabo propuestas similares con relativo suceso, en el Paraguay significará convocar a un referéndum en un momento de alta crispación política, sin garantías de que la fórmula pueda tener buenos resultados, al menos si se tiene en cuenta la experiencia de la Fuerza de Tarea Conjunta, en la que desde hace cuatro años los militares conforman tropas de élite con la Policía en la lucha contra grupos armados criminales de tipo guerrillero en la región Norte del país, consumiendo elevados montos de dinero del presupuesto, pero sin lograr capturas importantes y con muchas denuncias de cometer abusos contra los derechos humanos.

En este panorama se plantea como una posibilidad que los militares acompañen la custodia en el traslado de los reos de alta peligrosidad cuando deban ser trasladados fuera de las penitenciarías. Una participación de este tipo no resultaría muy polémica y sería más eficaz para evitar que se repitan episodios trágicos, como los del caso Samura, entienden quienes proponen un apoyo práctico de las fuerzas militares en estas movilizaciones de presidiarios. También debería ser tenida en cuenta la propuesta de la nueva viceministra de Política Criminal, Cecilia Pérez, de trasladar las emblemáticas penitenciarías de Tacumbú y del Buen Pastor, por hallarse en zonas densamente pobladas de Asunción y ser verdaderas bombas bajo riesgo de hacer explosión.

En definitiva, hace falta articular nuevos planes a corto, mediano y largo plazo, dejando de actuar ante la crisis, apagando incendios o poniendo parches improvisadamente ante cada situación caótica para la seguridad ciudadana. Es hora de plantear políticas con un enfoque de derechos y seguridad humana, que pongan en primer lugar la protección de la ciudadanía.

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