Sin seguridad jurídica, ninguna nación puede hacer realidad un proyecto de bienestar integral para sus ciudadanos. Si la institución que administra Justicia a través de sus funcionarios, en vez de perseguir y encarcelar a los delincuentes, se convierte en proveedora de impunidad para ellos, se puede hablar de un Estado fallido que no satisface una de las necesidades básicas de toda sociedad civilizada.
Desafortunadamente en el Paraguay no todos los jueces son honestos y confiables. Muchos de ellos son genuflexos al poder político, permiten traficar influencias, venden sus sentencias –evidencia de ello se observa en los bienes materiales que poseen, muy lejos de lo que sus razonables salarios les permiten alcanzar–, carecen de ética y denigran la función que ejercen.
Los ministros de la Corte deberían haber sido ejemplos de rectitud y honestidad en todo momento y lugar. No tendrían que estar involucrados en escándalos de corrupción ni ser señalados con el dedo ni los grandes titulares de la prensa porque le rinden pleitesía al poder de los políticos y del dinero.
Sin embargo, a lo largo y ancho del sinuoso camino que hasta ahora ha recorrido la democracia durante tres décadas, su conducta –salvo alguna que otra esporádica excepción– deja mucho que desear.
Por eso, una de las aspiraciones más sentidas de aquellos que sueñan con un país mejor en todos los ámbitos es la renovación de la Corte Suprema de Justicia. Esa pretensión nace de la convicción de que si los más altos jueces son los primeros en cumplir y hacer cumplir las leyes, el país se encaminará con pasos firmes hacia un futuro con esperanzas.
Con la designación de dos nuevos ministros de la Corte es de esperar que se inicie un proceso de verdadero cambio en la Justicia paraguaya. A estar por sus antecedentes, ambos responden al perfil de lo que se espera que sean los que ocupan un cargo de tanta responsabilidad por la incidencia de sus decisiones en la vida de la comunidad nacional.
El cambio completo de personas no será fácil porque los restantes siete ministros de la Corte quieren seguir atornillados a sus cargos y la mayoría de los políticos de los partidos tradicionales prefieren que permanezcan allí porque les garantiza impunidad.
Por lo tanto, la ciudadanía crítica y activa tendrá que jugar de nuevo un papel relevante para empujar al cambio tal como lo hiciera en los casos de los legisladores que hoy están en la cárcel. De lo contrario, los que acaban de ingresar con la expectativa de que no adquirirán los viejos vicios de sus pares serán absorbidos por los que condenan al Paraguay al atraso con una Justicia que solo sirve a los intereses de unos pocos privilegiados.
