Los expertos en combate a la corrupción y lavado de dinero que participaron del cierre de la cuarta Jornada Internacional de Combate a la Corrupción, el Lavado de Activos y la Evasión Fiscal, llevada a cabo en Buenos Aires, Argentina, exhortaron a contar con registros públicos de beneficiario final de las compañías, a fin de cruzar datos que permitan evitar negociados, principalmente en las licitaciones que realiza el Estado.
Paraguay ha adoptado la normativa sobre beneficiario final al promulgar el año pasado la ley que elimina las acciones al portador y las convierte en acciones nominativas. Esto lo hizo en el marco de las 40 reglamentaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi); no obstante, esta lista definitiva a la que solo accederán organismos de control se podrá tener una vez que concluya el plazo de dos años que otorga la ley para que las compañías transparenten la información sobre sus verdaderos propietarios.
Experiencias. Ignacio Irigaray, subsecretario de la Oficina Anticorrupción de la Argentina, dijo que estos registros permiten conocer toda la cadena de valor, desde los proveedores, las empresas y sus clientes, de modo que si hay sospecha de una coima con algún funcionario público para acelerar algún proceso, se pueda tener el dato directo de quién saca beneficio en estos actos irregulares.
Técnicos de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos indicaron que en varias empresas públicas en el vecino país se han implementado organismos internos de verificación de cumplimiento de las normativas para combatir los casos de corrupción en las licitaciones públicas.
Un problema común que tienen identificado en los países de la región es que cuando se hace un llamado, por ejemplo para una obra de infraestructura, suele darse que se presentan tres oferentes, de los cuales uno no se sabe quién es el dueño real de estas compañías. Con estos registros de beneficiario final se ha logrado detectar muchos casos en los que dos de las tres que aparentemente eran competidoras en realidad tenían al mismo dueño.
Soledad Urri, responsable de la Oficina de Ética y Transparencia de Trenes Argentinos Infraestructura, dijo que el proceso de digitalización también ayudó a fomentar la competencia y disminuir los posibles casos de corrupción. Esto lograron haciendo que los pliegos de bases y condiciones para un llamado a concurso ya no se vendan como era anteriormente, sino se suban a una plataforma en internet, donde cualquiera puede descargarlo gratuitamente. “Esto evitó ese contacto entre el funcionario y el empresario que quería competir; además, permite que todos puedan conocer en detalle los requerimientos de una compra o una obra pública”, resaltó.
